El Ministerio Público expresó su preocupación por el actual estado de confinamiento en que se encuentran las comunidades que podrían verse afectadas por la reanudación del PECIG, pues no podrían desplazarse a sitios donde exista conectividad, hecho que hace más compleja la realización de la audiencia virtual.
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La magistrada decís que la Corte debía limitarse a exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz y no lanzar advertencias sobre una política pública de narcotráfico.
Y es que para el Gobierno, el narcotráfico genera daño desde todo punto de vista porque afecta a las comunidades, genera inseguridad, es motor de negocios ilícitos, causa deforestación y desplazamientos de campesinos.