El semanario afirma que tuvo acceso a "fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas", que demostrarían que las llamadas 'chuzadas' o escuchas ilegales, hechas por organismos del Estado, se estarían llevando a cabo en el Gobierno de Iván Duque.
Pese al respaldo que ha tenido de la Procuraduría, la propuesta sigue a la espera de que el Ejecutivo la contemple en aras de definir la política para el desmonte efectivo del paramilitarismo en Colombia.
Por su parte, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, afirmó que de los más de 300 líderes sociales asesinados entre 2016 y 2019 de acuerdo a cifras de la ONU, la entidad "ha logrado un principio de esclarecimiento del 52,3 %".
En la comunicación, la Procuraduría pidió a Mininterior y a la Gobernación de Chocó, dentro de los próximos cinco días, rendir un informe de las acciones realizadas hasta el momento para mitigar, prevenir y eliminar la situación de riesgo de la población.