Llama la atención que mientras el Estado expone en tierras extranjeras su “decidido apoyo, esfuerzos, respeto y búsqueda” de mecanismos para favorecer a los pueblos indígenas nacionales, en el territorio la realidad sea otra y se niegue a entablar una conversación con ellos para reformar, garantizar y hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas.