Categoría: Luis Pérez Gutiérrez

Así las cosas, el dictamen pericial que menciona el exalcalde Camilo Mena Serna, que determinó que el metro cuadrado de tierra pasó de costar $17.000 en 2012 a $70.000 en el 2015, es falso, constituyéndose en un delito penal que deberá ser investigado y sancionado por la Fiscalía General de la Nación.

Juan Fernando Amaya, luego de haber salido de la cárcel, estuvo buscando empleo, llegando a Rionegro donde un empresario estuvo dispuesto a contratarlo, de no ser porque al revisar su hoja de vida se dio cuenta de que había pertenecido a las Farc. Sin apoyo del Gobierno y un empresariado indolente, sin familiares en la ciudad y a la deriva, decidió irse para Ituango, en donde estuvo unos días en la zona veredal de Santa Lucía.

La ONG Corpades y su Agencia de Prensa Análisis Urbano emplazan al Gobierno nacional y departamental de Antioquia para que diseñen una verdadera estrategia de seguridad integral para la región de Urabá y el resto del departamento para erradicar el dominio de las estructuras paramafiosas como las AGC o Clan del Golfo y la Oficina del Valle de Aburrá —denominada La Oficina de Envigado—.

Otra barrera que se le atraviesa a estos politiqueros del Bajo Cauca es que se le exige a los aspirantes que sean «habitantes regulares de la circunscripción o desplazados de estos territorios en proceso de retorno», por lo que quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular en otras elecciones y no acrediten dichos requisitos quedarán excluidos.

La paz está llegando a este departamento, las FARC-EP ya no existen como organización armada y sus miembros llegan masivamente a la vida política, social, cultural y económica del país. El Estado colombiano deberá cumplirles a ellos y a las comunidades por donde cruzó el meridiano de la guerra.

Aducen los voceros en la rueda de prensa que para Luis Pérez ha sido más importante criticar el proceso de paz que avanzar con la insurgencia de las FARC-EP o la toma paramilitar y mafiosa del departamento; además de que las «famosas» vicealcaldías son una incitativa que va en contravía de la naturaleza propia del Estado Social de Derecho.