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Actualmente hay 186.938 personas privadas de la libertad, incluidas las que están en detención domiciliaria, con vigilancia electrónica y en centros de reclusión militar. De estas, 119.125 se encuentran en centros carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); el 68% -un poco más 79.000- están condenadas; y las sindicadas son poco más de 44.000, es decir, el 34%.

Cabe recordar que dicho Acto Legislativo busca adicionar dos artículos a la Constitución Política con el fin de establecer la no conexidad de los delitos mencionados con los de carácter político, y para que no sean sujetos de amnistía o indulto.

“El decreto es una medida administrativa para incautar la droga que porte o consuma un ciudadano en un espacio público”, aclaró la alta funcionaria a la salida de un encuentro con la bancada del Centro Democrático.