Categoría: Ministro de Defensa Guillermo Botero

Del hombre aún no se conoce su identidad, aunque trascendió que podría ser alias Cajón, de 41 años de edad, quien habría sido integrante del combo Pachelly, de los denominados “vieja guardia”. El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que la víctima habría pertenecido a las AUC, al Bloque Centauros, del cual se desmovilizó hace más de una década.

“Seguiremos defendiendo a todas las familias y a todos los niños de nuestro país, entre otras cosas, porque quiero que quede claro que nuestra Constitución, la que nos guía a todos los colombianos, es absolutamente diáfana, en el Artículo 44, cuando dice que los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los colombianos, y la defensa del entorno nuestros niños es vital para que las familias se sientan seguras en todos los espacios del territorio colombiano”.

Tal ha sido la tormenta que la división de posturas llegó en forma de polarización al Congreso. Mientras el senador Álvaro Uribe (Centro Democrático) llamó a “salir a las calles, que es nuestro campo de batalla”, para rechazar la decisión de la Corte y los riesgos que representa para la ciudadanía, otro sector, encabezado por el senador Gustavo Bolívar (Decentes), trabaja en un proyecto de ley para abrirle la puerta al consumo recreativo de marihuana.

Hasta el momento, haciendo un balance frívolo entre ganadores y perdedores, van ganando los grupos ilegales y van perdiendo los ciudadanos de a pie, los buenos bellanitas. En ceros están la Administración Municipal, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación y el Gobierno Nacional, que ni con el envío del Ministro de Defensa Guillermo Botero pudo acabar con la confrontación armada, que no solo se recrudece, sino que va para largo.

Para la Minga, esa orden es una señal inequívoca de que las comunidades indígenas y campesinas que exigen sus derechos y piden que se cumplan los acuerdos están en grave riesgo. “Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la posible violación en el marco internacional de los derechos humanos en contra de los puntos de concentración de la minga del suroccidente colombiano”, puntualiza un comunicado difundido por la Minga luego de conocida la orden presidencial.