Para la Minga, esa orden es una señal inequívoca de que las comunidades indígenas y campesinas que exigen sus derechos y piden que se cumplan los acuerdos están en grave riesgo. “Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la posible violación en el marco internacional de los derechos humanos en contra de los puntos de concentración de la minga del suroccidente colombiano”, puntualiza un comunicado difundido por la Minga luego de conocida la orden presidencial.
Una mujer de vestido rojo se aferra a los metales del puente, con la firme intención de lanzarse. El agente se acerca, la convence de no hacerlo y luego la rodea con su cuerpo en la estructura. La imagen se hizo viral en redes sociales, en las que los usuarios destacaron la valentía del uniformado.
“Queda claro en esa Directiva que es una circunstancia excepcionalísima y que va a tener los más altos estándares, que ya no vamos a tener esa discrecionalidad que en muchos casos se prestó para corrupción, que tendremos unos comités de seguimiento, que se revisarán todos los antecedentes penales, que tendrá que haber una restricción muy clara en todo el material probatorio”, puntualizó.
El propósito de estas mesas de trabajo es elaborar diagnósticos y hacer seguimiento a la situación general del país en lo relacionado con amenazas a líderes sociales, con el objetivo de que el Estado ponga en marcha acciones de protección en todo el territorio nacional.
“Estos actos generan un ambiente no favorable para la construcción de la convivencia y la paz”, señalaron en un comunicado las comunidades que conviven en los ETCR.