Categoría: Nancy Patricia Gutiérrez

Para la Minga, esa orden es una señal inequívoca de que las comunidades indígenas y campesinas que exigen sus derechos y piden que se cumplan los acuerdos están en grave riesgo. “Responsabilizamos al Gobierno Nacional por la posible violación en el marco internacional de los derechos humanos en contra de los puntos de concentración de la minga del suroccidente colombiano”, puntualiza un comunicado difundido por la Minga luego de conocida la orden presidencial.

Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dijo que deben de existir verdaderas garantías para continuar con la minga al recordar que desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz, han sido asesinados 117 líderes indígenas, 61 de los cuales se registraron, luego de que asumiera en 2018 la Presidencia de la Republica, Iván Duque Márquez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló este martes que el Gobierno es el encargado de redoblar los esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz y de entregar garantías para que en todo el territorio nacional se den las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. La CIDH reiteró su preocupación y agregó un componente más a las causas del incremento de violencia, pues aseguró que los homicidios se están presentando en zonas con factores de riesgo en donde hay una “implementación deficiente” del Acuerdo de Paz. Lo cierto es que, por una razón u otra, los muertos siguen apareciendo en las carreteras, los defensores siguen siendo hostigados y eliminados, y, aunque todas las autoridades lo saben y manifiestan su preocupación, la lista de crímenes sigue creciendo.