De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, entre los años 2010 y 2017, la entonces funcionaria pública ordenó el pago ilegal de 1038 títulos judiciales por un valor de $940’835.721. El dinero era cobrado por cuatro particulares amigos de la procesada, quienes recibían sumas que oscilaban entre los 100.000 y los 200.000 pesos por cada título que hacían efectivo.