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Los mingueros hicieron un llamado a las autoridades competentes para que brinden una protección oportuna y efectiva a los comunicadores. Además, solicitaron que se investiguen los hechos y se tomen las acciones legales pertinentes por los acontecimientos ocurridos, los cuales “constituyen una violación a la libertad de prensa”.

Como se recordará, desde el 10 de marzo estas acciones de vías de derecho se vienen realizando en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, el Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC, organizaciones sociales y procesos populares.

Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dijo que deben de existir verdaderas garantías para continuar con la minga al recordar que desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz, han sido asesinados 117 líderes indígenas, 61 de los cuales se registraron, luego de que asumiera en 2018 la Presidencia de la Republica, Iván Duque Márquez.

Luego de la explosión, el Ministerio de Defensa informó que los indígenas no permitieron que el CTI y la SIJIN realizarán las labores de exploración técnica.

Aunque las autoridades hablan de una presunta indebida manipulación de explosivos, la comunidad indígena refiere que se trató de un atentado, tal vez con una granada u otro artefacto. La certeza la darán los resultados de los estudios realizados tanto en el lugar de los hechos como en los cadáveres de las víctimas, que fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Cali.