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Martínez renunció a la Fiscalía General el miércoles de la semana pasada, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió concederle al exjefe de las Farc Jesús Santrich, requerido por Estados Unidos por narcotráfico, la garantía de no extradición.

Finalmente, al reiterar que “la seguridad es un valor democrático”, Duque puso de relieve que la misma “solamente triunfa cuando su implementación se hace de la mano con la Constitución y la ley, y con apego total e inequívoco a la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

El presidente Iván Duque sostuvo que no debe quedar duda de que todas las personas que genuinamente han abandonado el camino de la violencia y se mantienen en su proceso de reincorporación recibirán el apoyo y las garantías del Estado. “Pero quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley”, proclamó.

Hay que resaltar que, en marzo pasado, en el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la oficina del alto comisionado y el secretario general de las Naciones Unidas, subrayaron con preocupación que luego de la firma del acuerdo de paz hayan sido asesinado 85 excombatientes de las Farc. Hoy, la cifra ha aumentado en casi 90 asesinatos y la Misión de Verificación de la ONU sigue haciendo el mismo llamando: “Estas situaciones generan un serio riesgo para la estabilidad del proceso de paz, lo que ha llevado a algunos excombatientes a abandonarlo”, sentenció el informe.

Los magistrados creen que esta medida se toma luego de las denuncias que hicieran al afirmar que son víctimas de presuntas interceptaciones ilegales, cuya investigación adelanta la Fiscalía.