Los hoy detenidos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir.
El juez concedió el habeas corpus argumentando que en la audiencia donde se le impuso medida de aseguramiento al ciudadano israelí, no estuvo presente su traductor, a pesar de que consta en el registro de la diligencia que este se retiró de la sala con autorización del juez, del defensor y del propio Tsukrel.
El Ministerio Público calificó provisionalmente la falta de Botero Tabares como grave a título de dolo por “incumplimiento del deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”.
Para la Procuraduría, con su proceder el investigado violó varias normas de la Constitución, la ley y el Código Disciplinario Único, entre las que se destaca una transgresión del principio de moralidad “que debe abrigar la función administrativa, pues es claro que a los servidores públicos les está prohibido ejercer sus funciones en forma contraria a la prevista en la ley.