Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Arnault destacó que “de cara a esta visión, la de una reincorporación acelerada, el Alto Consejero tiene entre sus capacidades, ser miembro del Consejo Nacional de Reincorporación, integrar la Mesa Técnica de Seguridad, hacer parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CESIVI), donde se lleva a cabo un diálogo sobre temas de la implementación”.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal seccional de administración pública por delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada, cohecho propio, uso de documento público falso.
Todas las capturas y allanamientos fueron legalizados por un juez de control de garantías de Medellín, y en este momento se adelantan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramuros contra los 13 procesados.