Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal seccional de administración pública por delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada, cohecho propio, uso de documento público falso.
Todas las capturas y allanamientos fueron legalizados por un juez de control de garantías de Medellín, y en este momento se adelantan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramuros contra los 13 procesados.
Durante 12 días, las acciones investigativas y operativas se cumplieron en 16 departamentos y permitieron ubicar a jefes de bandas dedicadas al robo virtual, hackers y reclutadores de incautos que prestaban sus cuentas para recibir los dineros transferidos ilícitamente de diferentes entidades.