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El representante del ente acusador destaca que la permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso “ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad de tanto de los internos como de los servidores de la Entidad. Esto, sumado al ya conocido caso de fuga masiva ocurrida en la URI de Kennedy (Bogotá) y la compleja situación en Medellín (Antioquía)”.

Durante los 33 años de servicio en la Institución se ha desempeñado en diferentes unidades y grupos policiales, desde donde se ha destacado por su rigurosidad y entrega en la labor asignada, lo que le ha permitido ocupar cargos importantes como la Jefatura del área de interdicción de la Dirección de Antinarcóticos, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Comandante de la Región Número Uno y Director de Bienestar Social.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal seccional de administración pública por delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada, cohecho propio, uso de documento público falso.

Todas las capturas y allanamientos fueron legalizados por un juez de control de garantías de Medellín, y en este momento se adelantan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramuros contra los 13 procesados.

Durante 12 días, las acciones investigativas y operativas se cumplieron en 16 departamentos y permitieron ubicar a jefes de bandas dedicadas al robo virtual, hackers y reclutadores de incautos que prestaban sus cuentas para recibir los dineros transferidos ilícitamente de diferentes entidades.