Una semana después fue cuando Leyva y Cepeda le pidieron al Gobierno que depositara ante la ONU y países garantes y facilitadores la copia de los acuerdos hasta ese momento alcanzados con el Eln. Esto con el fin de que no perdieran los cuatro años de exploración de diálogos desarrollados durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
En la sentencia se advierte que una vez hayan sido concluidos esos estudios y se precisen los polígonos de las áreas excluidas de la minería en el país, el Ministerio de Ambiente deberá remitir, dentro del término no superior a un (1) mes, esa información a la Agencia Nacional de Minería.
El viernes 16 de noviembre, la vicefiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, pidió a la Corte Suprema de Justicia estudiar la viabilidad de nombrar un fiscal ad hoc luego de que una red de veedurías presentó una recusación para que se apartara de la investigación sobre Odebrecht por su cercanía con el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Para este caso, se eligió al decano Leonardo Espinosa como fiscal ‘ad hoc’.