Dilio era reconocido por su trabajo como integrante de la guardia campesina en la que realizaba recorridos y monitoreo para proteger el territorio y a las comunidades que en él habitan. Tanto allegados como familiares señalaron que no conocían de amenazas contra Dilio Corpus y que él tampoco lo manifestó.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Allegados y curiosos ayudaron a trasladar a la víctima hasta un centro médico. Sin embargo, por la gravedad de las heridas fue remitido al Hospital San Jorge de Pereira, en el que falleció minutos después.
Los cuatro hombres y una mujer fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y tendrán que responder por su presunta responsabilidad en los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales renovables, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Al parecer, según las primeras indagaciones, se trató de un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales pertenecientes a los Pelusos y a las disidencias de las Farc. “Se desconoce a cuál de los bandos pertenecen, pero se trataría de venganzas por el cobro de extorsiones y el dominio territorial por parte de estructuras ilegales”, señaló un líder social de la zona.