Por Bruno Díaz Lobo
Hace escasos días al coronel German Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII, personaje que muchos campesinos quisieran no recordar, le realizaron un sentido homenaje en la región de Urabá. No pude dejar de recordar aquellos tiempos macabros en los que también se le rendía culto al cobarde, nefasto y tristemente recordado general Rito Alejo del Río , hoy condenado a 25 años de prisión por haber coordinado operaciones paramilitares contra los habitantes de Cacarica-Chocó, en febrero de 1997.
Por esos días de comandancia de Rito Alejo, se erigía toda una industria mortuoria de carácter regional que envió grandes ejércitos del terrorismo de Estado hasta Mapiripán. Quedó muy claro en la historia de la región y del país cómo el paramilitarismo se expandió a todos los rincones de Colombia.
Los promotores de los actos deferentes con el coronel Rojas Díaz o Rito Alejo, extrañamente hacen parte de un amplio sector poderosamente económico y social del Urabá. Realizaron el homenaje a pesar de las graves denuncias de las organizaciones de derechos humanos, muy a pesar de las fuertes y evidentes pruebas de todas las maniobras delictivas de la fuerza pública en un territorio donde aumenta cada día la fuerte presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los homenajes a Rito Alejo, generalmente eran realizados por las toldas de grandes empresarios, ganaderos y parapolíticos que casi siempre ostentaban calidad de políticos y servidores públicos, todo un modelo de lúgubre historia con intereses comunes.
Estar controlados por una fuerza pública complaciente con el paramilitarismo, historia que parece se repetirse; parió otras sucursales de defunción en todo el territorio nacional. Tuvimos que soportar esta crueldad e impunidad durante tal vez veinte años para demostrar lo que todo el mundo en Urabá y Colombia sabía: Rito Alejo “el pacificador de Urabá” convirtió a las fuerzas armadas del Estado, sin escrúpulo alguno, en toda una completa máquina asesina al servicio del paramilitarismo. Lo mismo intentó realizar el delirante asesino español Pablo Morillo, curiosamente también llamado el pacificador, quien mientras intentaba recolonizar a sangre y fuego una Colombia ad portas de la libertad, masacraba inclementemente.
A Rito Alejo también se le hicieron sentidos homenajes en los que primaba ocultar lo que en realidad estaba sucediendo, a sus anfitriones poco les importa el horrendo pasado que dejaron escrito con sangre de inocentes en Urabá. Incluso, los medios de comunicación regionales intentan forzosamente hacer invisibles y silenciosas las violaciones cometidas por la fuerza pública en cabeza de tan nefasto personaje. Medios que continúan en la pérdida de objetividad, serviles en las tarimas y los megáfonos para el violador, pero crueles con la víctima. Pasan por alto los graves hechos que dejan al descubierto la doctrina ritoalejiana que impulsa al opresor en la continuidad de actos ilegales, victimizantes, violadores de los derechos humanos contra la población; así ha sucedido por muchos años con las trágica escuela de los falsos positivos, con la corrupción en el ejército, las alianzas con los paramilitares, una completa aura silenciosa de los medios con el único fin de proteger históricos delincuentes que yacen en las direcciones de las brigadas.
Entrar a manteles con el tirano, la comida puede ser una delicia para algunos, poco les importa que el coronel Rojas Díaz hubiera orquestado toda una campaña de estigmatización, judicialización, persecución y violación a los derechos humanos del sector campesino de San José de Apartadó. No olvidemos los asesinatos cometidos durante su comandancia: Dimer Areiza Guaca en octubre 2012, Carlos Andrés Torres el 9 de abril 2013, Jerith Magaly Muñoz el 2 de agosto 2014, es contradictorio premiar a un oficial tan cuestionado como este y enviarlo de agregado militar a Argentina.
El coronel Rojas Díaz tendrá que explicarle al pueblo colombiano y al Estado cómo, a pesar de las denuncias de las organizaciones sociales y lo evidente, el paramilitar César Daniel Anaya Martínez, alias “Tierra” pagó más de 8.000 millones de pesos en sobornos a las autoridades militares de Urabá días antes de ser capturado, por qué el fenómeno paramilitarismo aumentó a tal grado durante su comandancia y alcanzó una maniobrabilidad estratégica en la región y en zonas de presencia del ejército, por qué a pesar de las denuncias, de la operación Agamenón, la fuerza pública nunca detecta la presencia de los paramilitares. ¿Cumplen las autoridades sus funciones? ¿Persiguen a los paramilitares? ¿Por qué el Gobierno nacional toma la decisión de enviar al escuadrón élite bogotano llamado Agamenón y no en las autoridades de la fuerza pública de la región?
El Estado no ha mostrado interés en investigar cuáles miembros de la fuerza pública están dentro de la nómina de los paramilitares que involucra a las autoridades de Urabá, esos tentáculos que son demostrados con la captura del fiscal especializado de Apartadó Arnoldo Luis González y su asistente Marino Palacio; también la captura, el pasado 13 de mayo, de un oficial de la Interpol Walter de Jesús Ardila Orrego, uniformado que sería la ficha clave de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y responsable de vender información privilegiada y secreta de la Policía Nacional a la cúpula de esta organización ilegal.
Es evidente que esta avanzada paramilitar tiene interés en controlar el territorio de la serranía del Abibe dejados por las FARC-EP luego de la firma de los acuerdos. En estas zonas hay concesiones mineras que no han sido explotadas por ocasión del conflicto. Allí están, vienen para quedarse, como lo dejaron plasmado en una pared del corregimiento de San José de Apartadó el pasado 17 de abril, cuando ingresaron fácilmente al casco del corregimiento a pesar de la existencia de una base militar y una estación de policía.
Desde el 7 de septiembre se repite la historia que el Estado le ha heredado injustamente a esta comunidad, mientras se rinden inmerecidos homenajes, otra nueva incursión paramilitar se realiza en algunas veredas de San José de Apartadó. Aproximadamente 300 paramilitares ingresan por la vereda La Hoz, 1000 por Saiza (Tierralta, Córdoba), 50 por Arenas Altas, aduciendo que de ahora en adelante serán ellos quienes controlaran estos territorios.
Mientras el miedo y la zozobra invade a los habitantes, el alcalde Eliécer Arteaga, sale irresponsablemente a los medios de comunicación a desmentir las realidades de los campesinos, no se ha dispuesto una comisión de verificación, no se han instalado las alertas tempranas para proteger a estas comunidades bajo el marco de las garantías de no repetición. Desde la comodidad del despacho del señor alcalde no se percibe el grito desesperado de todo el campesinado que ve el peligro tocar a la puerta de su casa.
Si el Estado continúa omitiendo sus responsabilidades, mientras no combata y no desarticule los grupos armados ilegales, estaremos repitiendo hechos que la historia condena y estará en riesgo la paz estable y duradera. Mientras no se fortalezcan las instituciones encargadas de brindar garantías a esta población campesina, seguirá rondando la triste historia de una fuerza pública que parece no tener interés en depurar las prácticas “simpatizantes” con un paramilitarismo que sigue firme en medio de los homenajes a coroneles como Germán Rojas Díaz.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Análisis Urbano
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