Lima, 2 de marzo de 2022 – Organismos de derechos humanos, defensores, familiares y víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) exigieron este miércoles garantías de imparcialidad y justicia, en vísperas del inicio de las diligencias para el proceso penal de este caso.
«Pedimos a la Fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial que se garantice una investigación independiente, imparcial, libre de discriminación, que garantice los derechos de las víctimas en el plazo de la ley para que se sepa la verdad y podamos ir a juicio», declaró en una conferencia Marisela Monzón, hija mayor de Celia Ramos, víctima mortal de las esterilizaciones.
Las diligencias judiciales de este caso están programadas para arrancar este jueves, luego de que el juez Rafael Martínez resolviera en diciembre pasado, tras casi tres meses de una audiencia maratónica, abrir un proceso penal contra Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular.
Motta, Bauer y Aguinaga serán los primeros llamados a declarar en sede judicial, mientras que el proceso penal contra Fujimori se mantendrá suspendido a la espera de que la Justicia de Chile acepte la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fuese detenido en el país sureño.
Los procesados serán investigados en un plazo no mayor de ocho meses como autores mediatos (con dominio del hecho) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos por supuestamente impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.
URGEN CONDICIONES
Ante el inminente comienzo de las diligencias, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) exigieron que se inicien los trámites para ampliar la extradición de Fujimori, cuyo pedido ya fue presentado por el Ministerio Público.
El exmandatario, de 83 años, cumple en la actualidad una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
Asimismo, las entidades demandaron que el proceso sea asumido por un despacho fiscal y un juzgado ad hoc que tengan conocimiento exclusivo de este caso para garantizar su avance y el derecho de las víctimas a la justicia y reparación que llevan más de 20 años esperando.
«Es importante que haya un juzgado que conozca el caso de manera exclusiva y pueda llevar a cabo una investigación realmente exhaustiva y minuciosa que premie la oportunidad que tienen las víctimas de verdad y justicia», sostuvo Milton Campos, defensor legal de Demus.
CORTE INTERAMERICANA
Por otro lado, saludaron un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recientemente determinó la responsabilidad del Estado peruano en el caso de Celia Ramos, fallecida en 1997 a causa de las secuelas de la intervención.
«Esto sin duda es un logro. Sin embargo, el Estado puede ponerlo en riesgo dilatando y haciendo creer a instancias internacionales que cumple con las obligaciones, cuando no es así», alertó la directora de Demus, Cynthia Silvia.
En ese sentido, instaron a las autoridades del país a cumplir «sin mayor prórroga» con las recomendaciones de este informe y plantearon que la CIDH denuncie al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por ese caso.
2.000 DENUNCIAS
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, en el gobierno de Fujimori, donde se incrementó ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
Las denunciantes, en su mayoría mujeres pobres, andinas, indígenas y quechuahablantes, afirman haber sido sometidas a las ligaduras de trompas sin que ellas hubiesen dado su consentimiento, bajo amenazas y coacciones o directamente sin que fuesen conscientes de la intervención tras haber solicitado otro procedimiento médico.
EFE
