MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA (19 ABR 2024) – En una extensa jornada de seguridad, la Policía Nacional junto con la Alcaldía de Medellín y diversas agencias gubernamentales, desplegaron un megaoperativo en la Comuna 10 Candelaria, un área de gran afluencia turística que incluye la iglesia La Veracruz y Plaza Botero. La operación contó con la participación de 150 funcionarios de diferentes entidades, incluyendo las Secretarías de Seguridad, Salud, Dagred, Inclusión Social, Control y Gestión Territorial, Espacio público, Migración Colombia y la Personería.
El enfoque principal del operativo fue la prevención de delitos y el aseguramiento del cumplimiento de normativas en hoteles, hostales, hospedajes y comercios, especialmente en lo relativo a la no presencia de niños, niñas y adolescentes. Además, se realizaron revisiones para la identificación de personas, tanto nacionales como extranjeras, y de todas las edades.
Los resultados del operativo incluyeron el traslado de seis menores para el restablecimiento de sus derechos, la captura de una persona por lesiones personales, la suspensión temporal de la actividad comercial en seis establecimientos y 25 traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP).
Traslado de 6 menores para el restablecimiento de sus derechos. 1 capturado por lesiones personales. 6 suspensiones temporales de la actividad comercial. 25 traslados al CTP
Este es uno de los tres megaoperativos realizados en lo corrido del año en Medellín, que se suma a 68 intervenciones interinstitucionales, reflejando el compromiso continuo de las autoridades para mantener la seguridad y el orden en áreas críticas de la ciudad.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
