Medellín, Colombia, 19 noviembre de 2024.- La firma de abogados Ricardo Giraldo ha emitido un comunicado público denunciando graves situaciones de persecución y amenaza contra familiares de miembros del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia. Estas acciones, llevadas a cabo por presuntos operadores de inteligencia judicial, representan una flagrante violación de los derechos humanos y los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Según el comunicado, las denuncias incluyen amenazas, presiones ilegales y hostigamientos hacia familiares de personas desvinculadas del conflicto armado, muchas de las cuales han recibido intimidaciones a través de llamadas telefónicas. En particular, se destaca el caso de un individuo identificado como «Mauricio», quien, a través del número telefónico 310-808-8094, ofrece dinero para obtener información sobre movimientos de un comandante del Estado Mayor Conjunto, con el fin de facilitar su captura y ejecución. Este tipo de tácticas no solo involucran a civiles en un conflicto armado, sino que también conllevan amenazas de acciones judiciales como procesos por lavado de activos, testaferrato o concierto para delinquir en caso de no colaborar.
Además, la firma ha señalado la utilización de drones para espiar a las familias, violando su privacidad y sometiéndolas a un acoso psicológico continuo. Estas prácticas, según Ricardo Giraldo, buscan doblegar a los familiares para que actúen contra sus seres queridos, lo que intensifica el sufrimiento de estas personas ajenas al conflicto.
Ante esta situación, la firma de abogados ha presentado denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha solicitado medidas cautelares para proteger a las familias afectadas. Ricardo Giraldo enfatizó que el Estado colombiano dispone de recursos legales suficientes para combatir la criminalidad organizada sin recurrir a métodos ilegales y drásticos que solo agravan la crisis humanitaria.
El comunicado concluye con un llamado urgente al Gobierno Nacional para que adopte las medidas necesarias para proteger a las víctimas y garantizar el respeto a los derechos humanos, previniendo así la continuidad de estos abusos.
A.U.