En la Sentencia T-248 de 2024, la Corte Constitucional eximió a la Corporación MASBOSQUES y a Soluciones PROAMBIENTE, representadas por el abogado Ricardo Giraldo, y ordenó al Estado, a entidades privadas y a comunidades seguir avanzando y mejorando la aplicación de proyectos REED+ para la lucha contra el cambio climático. Asimismo, reafirmó la protección a los pueblos indígenas
Medellín, Colombia, 13 julio de 2024.- Una decisión de la Corte Constitucional dejó en limpio el nombre de dos entidades que desarrollan proyectos REDD+ en Colombia. Se trata de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques -MASBOSQUES-, y la empresa Soluciones PROAMBIENTE S.A.S., representadas legalmente por el abogado Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes.
Representantes de comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná, pertenecientes al Gran Resguardo Indígena del Vaupés, presentaron acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la autodeterminación, integridad física y cultural, gobierno propio y al territorio. Acusaron al Estado colombiano de no adoptar salvaguardas sociales y ambientales acordadas ante la CMNUCC (Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático) que garantizan sus derechos. Argumentaron que el proyecto REDD+ desarrollado en su territorio desconocía sus modos de vida y estructuras de gobierno propio.
Mediante la Sentencia T-248 de 2024, la Corte aclaró que, aunque existen carencias en la ejecución del mercado voluntario de carbono, como en las salvaguardas sociales y culturales, frente a la reducción de las emisiones de carbono debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+, por sus siglas en inglés), estas no son atribuibles a las demandadas MASBOSQUES y PROAMBIENTE. Asimismo, las partes e intervinientes en el proceso coincidieron en afirmar que hay ausencia de una regulación específica para la implementación de los proyectos REDD+ en territorios indígenas, situación que tampoco es responsabilidad de las tuteladas.
“Nosotros desde la parte jurídica vemos este fallo de la Corte Constitucional con demasiado optimismo, contentos por el resultado, porque es algo que habíamos pedido, que se protegiera a las comunidades indígenas, que eran las más vulnerables, y se prohibiera la presión maliciosa de algunas empresas que manipularon la reacción de la acción de tutela para obtener beneficios económicos”, dijo al respecto el abogado Ricardo Giraldo, apoderado de las entidades requeridas.
Al revisar la tutela, los magistrados descubrieron que el caso reflejaba una problemática generalizada. Se identificaron fallas y problemas que evidenciaban la necesidad de examinar el estado general de los proyectos REDD+ en todo el país.
Por tal razón, la Corte ordenó al Estado realizar un informe técnico sobre las necesidades y circunstancias específicas para implementar proyectos REDD+ en territorios indígenas, crear un protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de proyectos REDD+ en territorios indígenas, generar estrategias de seguimiento, vigilancia y control a la operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos y crear una estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas. Asimismo, conformar y coordinar una mesa de seguimiento de la sentencia, que deberá reunirse periódicamente.
“MASBOSQUES y Soluciones PROAMBIENTE habían solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se expidieran medidas cautelares en favor de los territorios indígenas, ante la vulneración del Estado y de algunas empresas privadas que comercializan con la voluntad y la buena fe de estas comunidades”, añadió el jurista Giraldo.
Aunque en el caso concreto, MASBOSQUES y PROAMBIENTE realizaron el procedimiento de forma legal, la Corte invitó a estas entidades a contribuir a una mejor implementación de los proyectos REDD+ definiendo en sus políticas y procedimientos los estándares mínimos de debida diligencia para la operación de los mismos en territorios indígenas.
“Es importante aclarar que la Fiscalía General de la Nación archivó el proceso penal que existía contra los representantes legales de MASBOSQUES y Soluciones PROAMBIENTE, porque la conducta prohibida no existió, lo que es un triunfo”, adicionó el abogado Giraldo.
En el año 2018, según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), Colombia contaba con más de 60 millones de hectáreas de bosques naturales, equivalentes a más de la mitad de su superficie continental (52.6%). Además, el 33.6% del territorio colombiano está bajo la titularidad de comunidades étnicas y campesinas, abarcando cerca de 25.5 millones de hectáreas de bosques, principalmente en las regiones Amazónica, Pacífica y Orinoquia. Estas comunidades han sido históricamente actores clave en la preservación y protección de estas áreas.
Los proyectos que MASBOSQUES ha desarrollado en territorios indígenas, entre ellos los del Vaupés, han mejorado las condiciones de vida de algunas poblaciones y han propendido por la protección de ecosistemas estratégicos y el respeto por los derechos humanos y étnicos de los pueblos indígenas, así como la mitigación del cambio climático.
Pagos por servicios ambientales
Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) se definen como la compensación ambiental que reciben las personas o comunidad gracias a la conservación de los ecosistemas naturales.
Estos son incentivos económicos o en especie, que otorgados a los poseedores de predios que, según la autoridad ambiental en el territorio, representan gran importancia ambiental por sus características biológicas, los cuales son habitados por comunidades rurales como familias campesinas, indígenas, raizales o afro, quienes habitan una zona estratégica, mediante acuerdos voluntarios para la protección, conservación, y restauración de los ecosistemas.
En el Vaupés existen grandes capas de bosques en las que habitan comunidades indígenas, a las cuales se les entrega un beneficio económico por conservar los bosques. Gracias a ese cuidado, entre los años 2013 a 2021 se evitó la deforestación en 40.482 Hectáreas anuales en promedio en las 5 regiones del país, según Asocarbono. Es entonces cuando entran los programas REDD+, que son iniciativas de mitigación de GEI (Gases de Efecto Invernadero), que abarcan una superficie de escala nacional o subnacional y que pueden englobar varios biomas o extensiones de bosque natural, según la Resolución 1447 de 2018.
En 2021, la Corporación MASBOSQUES y John Freddy Benjamín Londoño, en representación legal de ACAIPI, celebraron un Contrato de Mandato. Este contrato tenía por objeto autorizar a MASBOSQUES a “adelantar las gestiones necesarias para la implementación del proyecto para la Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques REDD+. en el territorio de (…) ACAIPI, del resguardo indígena del Vaupés”. El contrato se acompañó de un Documento de Descripción o Formulación del Proyecto, que contiene información general del proyecto, su propósito, los ejercicios de participación con las comunidades y las líneas de acción en territorio, la metodología y cálculo de las remociones o reducciones de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Y establece durante los próximos 30 años del proyecto se estima una reducción de emisiones correspondientes a deforestación evitada de 15,724,369 toneladas de CO2e”.
A pesar de haberse celebrado ante el representante legal de las comunidades y explicarse las bondades del contrato, el 15 de julio de 2022, Fabio Valencia Vanegas, representante legal del Consejo Indígena del Pirá Paraná, y Jesús Alberto León Marín, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná- ACAIPI, formularon acción de tutela en contra de MASBOSQUES y Soluciones PROAMBIENTE, empujados por terceros con intereses nefastos en la región. De hecho, en la zona existe un conflicto incitado por esos terceros, más que por la población étnica, que apoya realmente la continuidad del proyecto REDD+.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte falló a favor de las comunidades, pero no en contra de MASBOSQUES y Soluciones PROAMBIENTE, pues, por el contrario, subrayó la importancia de fortalecer las iniciativas para mitigar los gases de efecto invernadero (GEI), como los proyectos REDD+, en la lucha global contra el cambio climático. Cabe entonces, destacar que las iniciativas que adelantan MASBOSQUES y Soluciones PROAMBIENTE no solo son una opción viable para la gestión forestal sostenible, sino también para la gobernanza de las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía colombiana, que constituye el 48% de esa región. Las comunidades indígenas de la ribera del río Pira Paraná, cuyos territorios son extensos y de alta conservación forestal, son un ejemplo claro de esta situación. Sin embargo, la Sala destacó que existen desafíos y circunstancias particulares que resultan en un déficit de protección de los derechos colectivos de estas comunidades y prácticas inconstitucionales que invisibilizan sus necesidades y circunstancias únicas.
Gran triunfo
El abogado Ricardo Giraldo, quien actuó como apoderado de las entidades MasBosques y Proambiente en el trámite de revisión de tutela ante la Corte Constitucional, destacó como un gran triunfo, y una muestra de la honestidad con la que actuaron sus representados, la decisión del Alto Tribunal. Asimismo, hizo una invitación a las comunidades a no dejarse engañar por otras empresas privadas que quieren desviar la atención, cuando lo único que pretenden es quedarse con los recursos económicos que pertenecen a las comunidades indígenas por la comercialización de los bonos de carbón.
“La Corte Constitucional acaba de dar un salto importante en la protección tanto de las comunidades, como el reconocimiento de los proyectos REDD+ y la comercialización de bonos de carbono. Es una acción de tutela con unas pretensiones personales e individuales, donde se perseguía un reconocimiento de tipo económico. Pero la Corte manifestó que los proyectos REDD+ o la comercialización de los bonos de carbono son necesarios y demasiado importantes para la conservación del medio ambiente, como una forma de mitigar el daño ambiental. La Corte también manifestó que les corresponde a las autoridades, como el Ministerio de Ambiente y Ministerio del Interior y otras entidades de carácter oficial, para que regulen los proyectos REDD+. También, preceptuó que debe hacerse claridad sobre a quiénes correspondía certificar los bonos de carbono, a quién pertenecían y quedó lo suficientemente claro que la Corporación MASBOSQUES y Soluciones PROAMBIENTE actuaron de buena fe en la implementación de estos proyectos REDD+, quitando cualquier nube de duda que pudiera posarse sobre estas dos entidades sobre corrupción, malos manejos o cualquier falsedad”, puntualizó Giraldo Cifuentes.
A.U.