Violencia y muerte, antesala de las elecciones presidenciales de este domingo

Imagen Análisis Urbano
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No han iniciado los comicios y ya son una de las elecciones más violentas de la historia del país

Colombia, 24 mayo de 2022.- Diferentes entes estatales, organizaciones sociales y medios de comunicación, coincidieron hace 4 años en que durante el 2018 fueron las elecciones más tranquilas de la historia.

Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia en el país, el avance paramilitar, los homicidios de 1340 líderes sociales, más de 130 masacres ocurridas entre los años 2020 y 2022, 330 asesinatos de personas firmantes de paz, dan cuenta de un escenario completamente adverso a lo que se percibía en las pasadas elecciones.

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Según la Defensoría del Pueblo existe algún tipo de riesgo sobre 521 municipios del país por la presencia de actores armados que podrían afectar los comicios programados para el 29 de mayo de 2022. Es decir, en el 48% de los municipios de Colombia hay riesgos extremo, alto, medio y bajo. Estos 521 municipios representan el 80% de la población del país.

EN CONTEXTO

Por ejemplo, el ELN hace presencia en 188 municipios del territorio patrio. Ese grupo subversivo recientemente decretó un paro armado, en el mes de febrero 2022. Durante 4 días cometieron 123 acciones violentas en más de 100 municipios en los que hace presencia. La finalidad de este paro, era demostrar el poder hegemónico que tiene en zonas históricas y también mostrar su poder expansivo.

Por su parte, el grupo paramafiosos llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC hacen presencia en 254 de los 521 municipios sobre los que existe una alerta de la Defensoría del Pueblo. Durante el paro armado decretado del 5 al 8 de mayo, la Unidad Investigativa de la JEP registró 309 hechos de violencia contra la población en 178 municipios de 11 departamentos del país. Las AGC doblegaron a un Estado que en su conjunto no pudo contener el poder armado de ese grupo. Incluso en algunos municipios algunas alcaldías municipales no tuvieron opción distinta a cerrar sus instalaciones y no prestar servicio.

Como se muestra en el mapa de la Defensoría del Pueblo, 84 municipios mantienen un riesgo extremo, 206 están en riesgo alto, 178 en riesgo medio y 53 en riesgo bajo.

Tentativa de homicidios a civiles25
Municipios con grafitis alusivos a las AGC21
Bloqueo forzado de las vías26
Homicidios selectivos a civiles24
Cese de actividades de transporte y/o cierre de terminales54
Destrucción de bienes civiles 118
Comunidades en condición de confinamiento138
Afectaciones de medios de comunicación locales10
Ataques a la fuerza publica22
Ataques a misión humanitaria5
Asesinato de miembros de la fuerza pública2
Tomado de la JEP

Los departamentos que tienen municipios con riesgo extremos son: Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8), Antioquia (7), Caquetá (6), Bolívar (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2) y Meta (1).

Los departamentos que tienen municipios con riesgo alto son Antioquia (30), Sucre (16), Valle del Cauca (12), Magdalena (12), Bolívar (11), Boyacá (11), Nariño (11), Meta (11), Chocó (10), Norte de Santander (10), Atlántico (9), Córdoba (7), Cesar (7), Huila (6), Cundinamarca (6), Cauca (5), Caldas (5), Risaralda (5), Putumayo (4), Guaviare (4), Casanare (4), Vaupés (3), Vichada (2), Arauca (2), Caquetá (1), Tolima (1) y Amazonas (1).

Mientras los factores de vulnerabilidad siguen en aumento por la desidia del Estado en manos del presidente Iván Duque, la incapacidad para verter protocolos y acciones interinstitucionales para la disuasión o la mitigación de los riesgos aumentan.

Por lo menos en Antioquia, desde Corpades y Análisis Urbano, hemos identificado el copamiento en todos los municipios. Las AGC predominan con su poder en al menos 107 municipios, mientras que la estructura colegiada de la Oficina del Valle de Aburrá, Los Triana, El Mesa y otros siguen afianzado en algunos lugares alianzas y estrategias para hacerse al control total. 

Tanto en el Bajo Cauca, como en el Urabá, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente y el Valle de Aburrá la consumación obedece a la incapacidad del Estado para enfrentar de manera preventiva los factores de riesgos con los que se someten a las poblaciones.

La Defensoría del Pueblo en el informe de seguimiento de la Alerta Temprana 004-22, pidió adicionar a los municipios de Rionegro y Carmen de Víboral como lugares donde el riesgo inminente por la presencia de actores armados y fenómenos de confrontación por disputas territoriales entre éstos vienen en incremento.

El municipio de Bello y la ciudad de Medellín aparecen en el mapa de riesgo de la Defensoría del Pueblo con un factor de riesgo extremo por la alta presencia de actores armados con un control sobre las dinámicas cotidianas de la población.

Este análisis permite intuir que posiblemente se presenten casos como restricciones a la movilidad, confinamientos, constreñimientos, atentados contra la infraestructura y ataques contra la fuerza pública por las permanentes actividades de actores armados y grupos narcoparamilitares.

De nada han servido las acciones de inteligencia o el Plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad 2021-2022 y Centro Integrado de Inteligencia. La descoordinación interinstitucional es otra forma de entregarles territorios y el control a los actores armados que siguen consolidándose.

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El Ministerio del Interior ha optado desde hace varios años en negar la situación de crisis y no pierde salida a medios para dar un parte de tranquilidad, mientras tanto, la seguridad del país recrudece en cifras de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Entre más poder y control tengan los actores armados y algunos sectores políticos, mayores serán los posibles riesgos de delitos electorales como la presión al votante, trasteo de votos o electores, compra y venta de votos, suplantación de votantes, complicidad de voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con la votación.

Se requieren con urgencia medidas de prevención y protección en la línea de:

  • Acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones.
  • Estrategias de inteligencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía y las personas candidatas a la contienda electoral.
  • Mecanismos de control y de investigación sobre posibles delitos electorales.
  • El Estado debe garantizar que la ciudadanía de lo urbano y lo rural puedan salir a votar

Crear protocolos y estrategias de monitoreo suficientes para mitigar cualquier riesgo electoral o de orden público

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