Redacción Análisis Urbano
En un comunicado de Presidencia de la República de Colombia, emitido el 22 de noviembre de 2015, se afirmó que “como parte de las medidas de construcción de confianza, el Gobierno Nacional coordinará con las entidades competentes unas brigadas con el fin de examinar las condiciones de salud de 106 miembros de las Farc todavía recluidos en las cárceles y penitenciarías del país, y dispondrá lo necesario para su adecuada atención”.
No obstante, eso no se está cumpliendo. El pasado 1 de febrero, el Colectivo de Prisioneros Políticos y de Guerra Román Ruiz, integrantes de las Farc-Ep y recluidos en la cárcel Bellavista, denunció que, básicamente no tienen garantizadas condiciones de salud: “am71 días después del pronunciamiento hecho por el Gobierno de Juan Manuel Santos en rueda de prensa, en cabeza del propio comisionado de paz, donde se anunció la adecuación de unos patios especiales y unas brigadas de salud para atender los prisioneros enfermos (…) un caso concreto vive el compañero Juan Fernando Amaya Valencia, con td 296870, quien presenta un cuadro de hepatitis”.
De acuerdo al comunicado de los presos políticos, Juan Fernando, desde hace tres días, vomita todo lo que come y su situación de salud es precaria. Los integrantes de las Farc dijeron que antes los reclamos hechos al Inpec, desde allí respondieron que no hay sanidad “porque a Caprecom se le venció el contrato el 29 de enero. No hay médicos, ni medicina”.
Esta situación agrava el panorama si se recuerda que hace poco, el 5 de febrero, murió Jhon Jairo Moreno Hernández en un hospital de Pereira, otro preso político que no fue uno de los indultados pese a una enfermedad hepática que lo agobiaba desde el año 2013. Esto sólo indica que el comunicado presidencial no se está cumpliendo.
Así mismo, el comunicado oficial afirmaba que: “con el fin de preparar las condiciones para el fin del conflicto, el Gobierno Nacional adelantará la adecuación de unos patios especiales dentro de las cárceles a los que serán trasladados los miembros de las FARC-EP detenidos o condenados, para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar, como medida de preparación para su futura reintegración a la vida civil”. Esto tampoco ha sido efectivo.
El Colectivo de Prisioneros Políticos y de Guerra Román Ruiz, también asegura en su comunicado -del 1 de febrero- que ese mismo día “se presentaron confrontaciones con integrantes de las bacrim y reductos de los paramilitares que hay en el patio en que nos encontramos, debido a que no compartimos sus políticas de drogadicción y venta de alucinógenos, las llamadas plazas. Esto desencadeno en una pelea a cuchillo y a machete donde por fortuna no resultaron compañeros heridos”.
El proceso de paz que se lleva en La Habana no puede aislarse de estos hechos que sólo agudizan una problemática. Ya se van a ajustar tres meses –van 83 días- desde el comunicado presidencial, pero las condiciones en materia de seguridad y salud de los prisioneros políticos siguen siendo precarias.
En realidad, las condiciones de sanidad e inseguridad son precarias para la comunidad que habita todas las cárceles de este país y es un tema sensible que debe debatirse, porque si bien han sido personas acusadas de la comisión de algún delito, siguen siendo seres humanos a los que debe respetárseles la dignidad.
Finalmente, el colectivo de presos políticos hace un llamado a las delegaciones de paz en la mesa de La Habana para que “agilicen y creen las condiciones de seguridad que requerimos (…) que estos conflictos al interior de los penales no se arrecien los próximos días”.
Este tipo de situaciones no son propias sólo de la cárcel Bellavista, por el contrario, estos episodios se vienen repitiendo en distintos penales del país y si no se presta adecuada atención puede ser un problema mayor. El colectivo también reclama al Estado “que cumpla con lo pactado y con lo que él prometió al país como un acto de desescalamiento del conflicto y, aún más que eso, que nos brinde la seguridad a la vida, a la integridad física que por ley nos corresponde (…) que el desescalamiento del conflicto deje de ser palabrería e instrumento de politiquería, que se convierta en una realidad”.
Jacques Mesrine, autor de Instinto asesino, y quien pasó mucho tiempo encarcelado en Francia, escribió: “Hombres tratados como bestias, hombres enfermos (…) ¡Que nunca se le pida a un hombre tratado de esa forma que sea respetuoso con la sociedad, porque esos momentos no se olvidan jamás! ¡Qué no se asombren si unos hombres a los que se trata como perros reaccionan al final como perros! La sociedad, en nombre de la justicia y sus leyes, ajustaba las cuentas a unos hombres, haciéndolos vomitar apiñados en una jaula de un metro cuadrado. Pero esa realidad se oculta”.
La realidad carcelaria debe ser otra, de otra forma sólo serán escuelas del crimen. El colectivo de presos político hace este llamado: “la guerra no puede ser el pan de cada día, ni en la sociedad colombiana ni en las cárceles que hacen parte de esa Colombia”. Analisis Urbano se suma.