Colombia, 14 septiembre de 2022.- Un grupo de mujeres -sobrevivientes de explotación- extendimos en abril del año 2021 una carta abierta a la lideresa social y hoy vicepresidenta Francia Márquez, en la que le manifestamos nuestro deseo de “invitarla al diálogo sobre un tema que más que un debate es una emergencia nacional: la trata de personas, que afecta principalmente la vida de las mujeres racializadas y migrantes”. El propósito era acercar la lucha por los derechos en el marco de la guerra, de forma armonizada con la lucha de las mujeres explotadas. Nos acercamos intentado conectar nuestras experiencias como víctimas del conflicto. No hubo respuesta.
La mayoría de las mujeres que luchan por la defensa de los derechos de las víctimas de trata de personas en el mundo, también fueron víctimas, sufrieron el flagelo, padecieron lo indecible, mostrando así una tendencia de supervivencia basada en los actos heroicos en favor de la lucha, como herramienta de sanación.
La trata de personas en Colombia tiene una estrecha relación con los conflictos internos, la violencia socio política, la crisis migratoria y las bandas criminales.
El desplazamiento forzado en los últimos 30 años llevó a cientos de mujeres hasta Bogotá, donde cayeron en la prostitución por la falta de oportunidades. Hoy muchas de ellas están organizadas en la Red Petra Mujeres Valientes y buscan que la explotación sexual a la que se vieron sometidas sea reconocida como una violencia del conflicto. (Valdés, 2020).
El Derecho Internacional Humanitario es claro en advertir que, las mujeres víctimas de conflictos armados y sus necesidades particulares, deben ser objeto de especial atención. En consecuencia, las mujeres desplazadas son protegidas por el principio de distinción y el principio humanitario y de respeto por las garantías fundamentales del ser humano (las mujeres como seres humanos).
El Estado colombiano tiene “la obligación primordial de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario” (Sentencia C-291/07, 2007).
El impacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres en Colombia, y sus efectos de exacerbación y profundización de la discriminación, exclusión y violencia de género preexistentes -particularmente en el caso de las mujeres indígenas, afrocolombianas y marginadas- han sido denunciados en términos urgentes por diversas instancias internacionales en el curso de los últimos años, entre las cuales se cuentan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos.
Todos los grupos armados han utilizado, violado, explotado y traficado principalmente con niñas y mujeres en los más de 50 años de guerra interna. Basta con leer los informes de la Comisión de la Verdad para conocer historias desgarradoras.
También hemos observado y analizado el aumento de los riesgos de la trata de personas con fines de explotación sexual en situaciones posteriores a conflictos. Tales riesgos afectan notablemente a las mujeres y a la niñez.
La Corte Constitucional identifica en el Auto 092 el riesgo de violencia sexual, explotación o abuso sexual a raíz del conflicto. En contextos de posconflicto, la violencia contra las mujeres aumenta, así como la explotación sexual en la prostitución y la trata con este fin.
Los grupos posteriores a la desmovilización y los traficantes de armas cambian su negocio de guerra por el tráfico de personas y el tráfico de drogas: ambos, los principales socios del proxenetismo y la industria del sexo, con la complicidad incluso de agentes del Gobierno.
Además, los procesos de mantenimiento de la paz son deficientes para evitar nuevos ciclos de violencia. Actualmente, incluso nuevos grupos armados sostienen la explotación de mujeres como uno de sus crímenes más cometidos.
Las sobrevivientes del conflicto armado y la explotación sexual merecemos protección especial, pero proteger no implica naturalizar una violencia sistematizada atada a la cultura patriarcal y al racismo estructural. Los proxenetas de hoy son los esclavistas del ayer, los unos fueron, bajo el sistema esclavista, prósperos señores y hacendados; los otros, se convertirán en exitosos empresarios, pues también la prostitución es una política extractivista y necrófaga, que se lucra con las vidas de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en los momentos en que la pobreza y la desigualdad se recrudecen.
Dicho sea de paso, la relación entre la trata de personas y el trabajo doméstico (resquicio del trabajo servil) ha sido completamente invisibilizada en Colombia, pero en otros países, estos matices entre una y otro son más claros, siendo la trata un medio y el trabajo doméstico, como forma de explotación laboral, un fin. Y, ¿quiénes sirven en las casas de los adinerados si no en su mayoría las mujeres jóvenes rurales racializadas?
La vicepresidenta Francia Márquez tendrá la difícil tarea de promover los derechos de las mujeres. Hoy le reitero las palabras que dije en el discurso de la dignidad: “Salir de la prostitución fue titánico, por eso les hago un llamado para que nos escuchen, escuchen a las sobrevivientes. Este no es un discurso de lástima, es un discurso de dignidad y valentía. Que mis hijos lo sepan hoy y siempre”.
* Escrito por Claudia Yurley Quintero Rolón, en el marco del proyecto de incidencia y educación de la Fundación Empodérame y Atlas Free.
