Antioquia, 1 de octubre de 2022- Ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, con el apoyo de personal del CTI y unidades del Ejército Nacional, ocuparon 184 bienes avaluados en algo más de 69.000 millones de pesos.
Las diligencias se realizaron durante la última semana en Sabaneta, Bello y Rionegro (Antioquia); Santa Marta y Gaira (Magdalena), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Tunja, (Boyacá), Restrepo y Villavicencio (Meta), Pasto y Tumaco (Nariño), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Melgar (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Valledupar y San Marcos (Cesar), Maicao y Fonseca (Guajira); Ricaurte, Funza, La Calera, Chía y Cajicá (Cundinamarca); Bogotá y Soledad, Juan de Acosta y Barranquilla (Atlántico), como parte de una ofensiva nacional para afectar el patrimonio de los presuntos responsables en hechos de corrupción.
Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión son 137 inmuebles, 1 sociedad, 3 establecimientos de comercio, 38 vehículos y 5 cuentas bancarias.
Los activos fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, en el entendido de que habrían sido adquiridos con dineros producto de actos de corrupción o pertenecería a los principales implicados en casos de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores.
“Estas acciones estuvieron dirigidas a afectar el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares; que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos”, señaló el fiscal Francisco Barbosa Delgado al pronunciarse sobre el tema.
Casos destacados
• SaludCoop. Fueron afectados varios predios que habrían sido adquiridos con dineros que habrían sido desviados del sistema general de seguridad social en salud.
• ‘Carrusel de Pensiones’. Durante la ofensiva fueron afectados bienes que estarían vinculados a eventos de corrupción identificados en Cajanal y Colpensiones, en los que varias personas fueron beneficiadas con el pago jubilaciones y ajustes en las mesadas pensionales sin cumplir los requisitos de ley.
• Plan de Alimentación Escolar (PAE). Varios de los inmuebles que recibieron medidas cautelares, al parecer, fueron adquiridos con recursos producto de las diversas irregularidades de contratación y ejecución de los PAE en distintos lugares del país.
• Universidad Tecnológica del Chocó. La Fiscalía afectó los bienes de un contratista y un interventor, quienes son procesados por posibles anomalías en la celebración de contratos para la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó.
• Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un inmueble que pertenecería a uno de los contratistas que estaría involucrado en las demoras y actos ilícitos detectados en la construcción del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue ocupado con fines de extinción de dominio.
• ‘Quirófano’. La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre varios bienes asociados a una red delincuencial que se concertó para manipular decisiones administrativas y favorecer a varias entidades e institutos prestadores de salud. Los señalados responsables fueron capturados y judicializados como parte de una operación denominada como ‘Quirófano’.
Estos bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y con el objetivo de incrementar el número de bienes para que puedan ser monetizados, y puedan ser utilizados rápidamente por parte del Gobierno Nacional en la mejora de las condiciones de vida de todos los colombianos. La Fiscalía entrega recursos de la mafia y de los delincuentes a los colombianos.
