Medellín, Colombia, 14 diciembre de 2022.- Dirigentes sociales que respaldan la política de Paz Total que desarrolla el gobierno colombiano propusieron incluir en esa estrategia a jefes de grupos criminales de otros países que tengan interés en conocer pormenores de ese proceso y, eventualmente, sumarse a él.
Análisis Urbano conoció que un grupo de activistas humanitarios y académicos trabajan en una propuesta que contempla la posibilidad de que capos internacionales de carteles de las drogas interesados en contribuir a la paz de Colombia y a desarrollar eventualmente en sus países negociaciones judiciales para someterse a la justicia participen como “observadores” del proceso colombiano de paz en una primera etapa.
“Después, en la medida en que se comprometan con una gestión más activa, podrían participar como facilitadores externos de paz con la tarea de apoyar las decisiones que tomen sus antiguos socios de estructuras criminales colombianas respecto a acogerse a la Ley 2272 y desmantelar sus negocios ilícitos, y de buscar salidas similares en sus países”, dijo una de las fuentes consultadas.
En un documento, los activistas y académicos que han trabajado en esta iniciativa señalan que el mismo canciller colombiano Álvaro Leyva ha dicho que la política de Paz Total tiene una dimensión internacional porque el narcotráfico y otros delitos son de carácter trasnacional.
Leyva afirmó el pasado 21 de septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York que la paz colombiana es posible, “incluso paz más allá de las fronteras”.
Para los auspiciadores de esta idea, esto significa que la política de Paz Total que desarrolla el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un componente internacional porque varias de las estructuras colombianas interesadas ese proceso “han tenido negocios ilícitos desde hace varios años con cárteles de las drogas de México, Brasil, Ecuador, Centroamérica y Europa, entre otras regiones”.
Según el texto conocido por Análisis Urbano, “si estos grupos delictivos internacionales quedan al margen de la política de Paz Total existe un alto riesgo de que quieran quedarse con la parte del negocio que dejarán las bandas multicrimen locales cuando estas se sometan a la justicia y abandonen sus rentas ilegales”.
“Eso –agrega– ya ocurrió después de la firma de la paz paz con las Farc, en noviembre de 2016, cuando los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) asumieron un mayor control de las diferentes fases del negocio de la cocaína a través de estructuras criminales colombianas a las que financian y abastecen de armamento”.
Enseguida plantea una pregunta: “¿Por qué no abordar el problema integralmente e intentar que estos carteles internacionales, al igual que los brasileños, los centroamericanos y los europeos contribuyan a la paz de Colombia?”
Y explica: “No es un asunto de ingenuidad, sino de realismo. Si ya existe una propuesta audaz por parte de Colombia para lograr la paz con los grupos multicrimen del país, ¿por qué no intentar extenderla al ámbito regional, donde varios gobiernos coinciden en la necesidad de dar un enfoque nuevo e integral a la política de drogas?”
Según la propuesta, el mismo presidente Gustavo Petro ha dicho que los cárteles mexicanos se han convertido en una “amenaza” para la soberanía colombiana y que en los últimos años estas estructuras del “crimen multinacional” se han fortalecido tanto en Colombia que “obstaculizan la construcción de paz”.
Para Petro, “hoy, los campos de batalla de Colombia están cruzados por guerras mafiosas con un ingrediente que no teníamos antes: los factores de poder de las mafias en Colombia cada vez son más mexicanos”.
De acuerdo con el documento, “esta realidad nos indica que debemos hacer un esfuerzo para que las estructuras internacionales multicrimen sean un factor de paz y no de guerra en Colombia”.
El pasado 25 de noviembre, durante una visita oficial a México, el presidente colombiano y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, emitieron un comunicado conjunto en el que coinciden en “el fracaso de la lucha contra los drogas y la vulnerabilidad de nuestros pueblos ante esta problemática”.
Por tanto, indica el comunicado, “México y Colombia convocarán una Conferencia Internacional de mandatarios de Latinoamérica con el objetivo de rediseñar y replantear la política de drogas”.
Los activistas humanitarios y académicos que promueven la incorporación de capos internacionales al proceso de Paz Total en Colombia señalan en el documento que en esa Conferencia Internacional debería abordarse el tema.
“Sería muy útil para la región en su conjunto explorar políticas de sometimiento y paz con los grupos criminales en el marco del nuevo enfoque que tendría que darse a la lucha antidrogas”, indica el texto.
Diferentes gobiernos de América Latina han contemplado diferentes tipos de negociaciones con grupos criminales para reducir los niveles de violencia, lo mismo en El Salvador que en México, donde López Obrador propuso como candidato presidencial por un diálogo con la delincuencia organizada para garantizar “la paz y la tranquilidad” de su país.
La estrategia de Paz Total de Petro cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los gobiernos de Estados Unidos, Europa y América Latina han expresado su apoyo al gobierno colombiano en su compromiso por pactar la paz con los diferentes actores del conflicto interno.
A.U.
