VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (2 ABR 2024) – La justicia colombiana ha dado un paso adelante en la resolución de un caso de violencia que sacudió a la comunidad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Yorlan Andrés Viveros Alegría enfrenta una medida de aseguramiento en prisión, tras ser señalado como presunto responsable de un grave acto de violencia: el homicidio de una mujer y la tentativa de homicidio de un hombre. Este suceso ocurrió el 14 de octubre de 2022, en un contexto marcado por la tranquilidad habitual de una cancha de microfútbol en el barrio Los Alcázares.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Viveros Alegría habría arribado al sitio del incidente y, sin mediar palabra, abrió fuego contra las víctimas. La brutalidad del ataque dejó a una mujer sin vida en el acto, mientras que un hombre sufrió heridas de gravedad. Este último ha sobrevivido, pero lleva consigo las secuelas de aquel día fatídico.
La captura de Viveros Alegría, ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, tuvo lugar en una vía pública de Buga. Tras su detención, la Fiscalía procedió a imputarle los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado, además del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
A pesar de que el acusado optó por no aceptar los cargos, el juez de control de garantías consideró suficientes las evidencias presentadas por la Fiscalía para dictar medida de aseguramiento en un centro carcelario, donde Viveros Alegría deberá permanecer mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Este caso resalta la persistente lucha de las autoridades colombianas contra la violencia armada y su compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente en regiones afectadas por la delincuencia organizada.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.