El 21 de noviembre el informe del SISC, planteó: «Siendo las 23:43 horas se realizó la inspección judicial de dos hombres no identificados quienes presentaban múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego. Uno de estos hombres tenía entre 15 a 20 años, tez trigueña, contextura delgada y medía aproximadamente 1.60 metros de estatura. La otra víctima era de aproximadamente 30 años, contextura blanca y tez gruesa. De manera inicial se desconoce cómo ocurrieron los hechos. Las víctimas fueron encontradas tendidas en vía pública y amarradas de las manos».
El presidente Iván Duque anunció que la seguridad ciudadana sería una de sus prioridades y eso buscó evidenciar en la reunión con los comandantes de la Policía Nacional, pidiéndoles resultados frente a varios delitos comunes, entre ellos: hurto, homicidio, tráfico de drogas —microtráfico— y vacuna —extorsión— .
En Medellín se emprendió toda una campaña institucional con la participación activa de la Policía Metropolitana de Medellín (Meval) para atacar principalmente los cuatro delitos mencionados. Diariamente se mostraron los golpes «certeros» al crimen urbano; sin embargo, a pesar de los anuncios institucionales, la Agencia de Prensa Análisis Urbano evidenció que se fracasó en la orden presidencial. Por ejemplo, se tomó como referente a las comunas 4, 7, 10, 12, 13, 15 y el corregimiento de Altavista —comuna 70—, en lo relacionado con el homicidio.
El gráfico a continuación evidencia los resultados negativos de la estrategia:
En 100 días se presentaron 92 homicidios. Cinco días después del primer balance presidencial siguen comentiéndose asesinatos en las comunas de Medellín: 1 en la 7, 1 en la 10, 2 en la 12 y 5 en la 13. A estas cifras no se suman las desapariciones forzadas, que no son pocas. Uno de los casos que más eco ha tenido es el de los tres jóvenes desaparecidos forzadamente en el barrio Belencito Corazón, de la comuna 13, el 18 de septiembre.
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A este fracaso se le suma el informe que presentó la Personería de Medellín sobre el desplazamiento forzado intraurbano, indicando que el conflicto entre bandas adscritas a la Oficina del Valle de Aburrá, además de sembrar de zozobra a las comunidades, hizo que la cifra de desplazados aumentara en un 20 % con respecto al año 2017. Unas 3.242 personas en lo corrido del año se han tenido que desplazar forzosamente de diferentes barrios del área urbana de Medellín por la presencia de grupos armados.
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Nuevamente la situación más crítica en desplazamiento forzado corresponde a la comuna 13 con 380 casos reportados a octubre. Esta zona de la ciudad no ha podido ser controlada por la legalidad a pesar de anuncios rimbombantes de la llegada de refuerzos militares y policiales. Del 15 de agosto al 15 de noviembre, fecha en la que se cumplieron los primeros 100 días del plan de choque presentado por el presidente Duque, se perdieron recursos económicos, logísticos y sobre todo credibilidad en la institucionalidad. Hoy, la confrontación entre bandas de la Oficina, continúa.
Además del desplazamiento forzado en la comuna 13, también están la comuna 7 con 164 casos y la comuna 16 con 121 casos, esta última comuna permanece en aparente tranquilidad. Los enfrentamientos armados con fusil, los homicidios y las extorsiones son los causantes del aumento del desplazamiento forzado urbano.
Otro flagelo de este conflicto es el reclutamiento de menores que sigue en aumento en la ciudad y se puede demostrar con el número de capturas de menores en 2017 y lo que va de 2018. En un 40 % las bandas están compuestas por esta población.
Respecto al tráfico de drogas el panorama no cambia; más de 1000 plazas en la ciudad así lo demuestran. En los 100 días del plan de choque se han mostrado resultados mediáticos en Medellín sobre el desmantelamiento de plazas, capturas de jíbaros y decomisos de droga, sin embargo, la realidad dista de eso. Cada vez que se desmonta una plaza, una nueva surge y puede incluso ubicarse a una calle de la anterior. Se decomisan toneladas de marihuana, pero solo al mes ingresan a la ciudad 60.000 libras, sin contar lo que entra de cocaína y lo que se procesa en sectores urbanos y periféricos en los cristalizaderos. Las capturas tan publicitadas para mostrar resultados aumentan más por la persecución y la captura de consumidores, que de jíbaros o coordinadores de plazas o jefes del microtráfico.
En estos 100 días el consumo de estupefacientes ha crecido e involucrado a personas más jóvenes. Pocos sitios de la ciudad se salvan del consumo y la comercialización de estupefacientes. Miles de adictos a las drogas hay en Medellín, miles de millones de pesos ingresan a las arcas del crimen urbano ante la complicidad de muchos miembros de la Policía que no son solo patrulleros o del nivel ejecutivo, algunos oficiales con mando son los que más estarían ganando de estas rentas criminales.
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Dos recientes hechos apuntalan el estruendoso fracaso del plan de choque «El que la hace, la paga». El primero ocurrió el 29 de agosto cuando fue capturado en Copacabana, Antioquia, Ómar Darío Mazo Monsalve, alias Don Ómar; en ese momento se habló de un gran operativo contra el comercio de drogas pues Don Ómar manejaba el 33 % de la droga en la comuna 10. Simultáneamente a esta captura la institucionalidad retomaba y desmantelaba el Bronx —avenida De Greiff entre Carabobo y la Minorista—, expulsando y enviando a la deriva a cientos de habitantes de calle. Se incautaron bienes valorados en más de 10.000 millones de pesos. Supuestamente era el fin del fin del lucrativo negocio de Don Ómar y el Bronx.
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Pero no solo es la organización criminal de Don Ómar la que opera en la comuna 10, un gran número de plazas se ubican en Barbacoas, Niquitao, Rojas Pinilla, el parque del Periodista, los puentes, parque Bicentenario, San Benito, la Avenida De Greiff, La Bayadera, Prado Centro, Barrio Triste, El Raudal, El Chagualo, entre otras, sin contar las plazas móviles de la droga y el servicio a domicilio.
Pero el anunciado fin del tráfico de drogas en la zona controlada por Don Ómar nunca sucedió, menos aún se acabó el Bronx, tan solo se trasladó a pocos metros de allí y el microtráfico se fortaleció. La intervención fue en vano pues la plaza sigue activa y solamente cambió de coordenadas, así lo evidenció el informe especial presentado el 15 de noviembre titulado: San Benito, el barrio en medio de la olla del nuevo Bronx.
En otras zonas de la ciudad las plazas de droga también se fortalecen y consolidan; es el caso de Lovaina, Aranjuez, El Diamante, Villa Flora, Caicedo, Barrio Cristóbal, Cristo Rey, Barrio Antioquia y San Bernardo.
El segundo fracaso fue el que se vivió en la megaplaza del barrio Antioquia, el primer operativo realizado el 17 de octubre donde incluso el presidente Duque ayudó a poner ladrillos para tapar una propiedad donde funcionaba una plaza de vicio, ese día unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Alcaldía de Medellín, realizaron un operativo. Allí materializaron 19 órdenes de captura y la ocupación de tres inmuebles que serán objeto de extinción de dominio y sellamiento por su destinación a actividades ilegales como el microtráfico.
Los arrestados serían integrantes de la banda delincuencial Alexpin, quienes se dedican, según la Policía, a la venta de drogas ilícitas, lo cual les representaba ingresos diarios de hasta 15 millones de pesos.
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El segundo hecho fue otro operativo realizado a finales de octubre con el allanamiento y el registro realizados en el barrio Antioquia por funcionarios del CTI de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Allí fue desmantelada la banda La Cueva, presunto músculo financiero de la denominada Oficina. De esta también se dijo que estaba diezmada en su actividad ilegal, sin embargo el microtráfico continúa funcionando en el sector.
Con cuarenta años de actividad, la gran plaza continúa activa y sigue almacenando, distribuyendo y vendiendo al por mayor y al detal marihuana, perico, éxtasis, pastillas, cocaína rosada, ácidos, metanfetaminas. Está bajo el mando de unos jefes criminales poco conocidos, algunos de ellos organizados en clanes familiares que tienen un importante porcentaje de los ingresos.
Las 72 personas que trabajan como campaneros —en tres turnos—, que reciben $40.000 de pago por jornada, continúan allí protegiendo el negocio de la droga las 24 horas del día y son dominadas por La Oficina.
Una gran plaza de vicio puede tener ingresos entre 4 y 6 millones de pesos diarios; algunas llegan a obtener hasta 25 millones de pesos al día. Por fuera de estas utilidades está la megaplaza de Barrio Antioquia y los supermercados de la droga y los lugares de almacenamiento ubicados estratégicamente en comunas 8, 10, 16, 9, 3, 6 y 13. Casa de vicio que no dé ingresos mínimamente de cuatro millones de pesos diarios no sirve, aseguran investigadores y expertos en microtráfico.
Respecto a la vacuna —o extorsión—, esta se mantiene y crece, incluso esperan que se duplique en diciembre en muchos sectores donde las bandas obligan al pago de la prima extra, según ellos para realizar fiestas a los niños y la comunidad.
La vacuna es una de las fuentes de ingreso más importante del crimen urbano. Con un control de más del 70 % del territorio, este «impuesto» les representa miles de millones de pesos mensuales. Solo en la comuna 10 superan los 8.900 millones de pesos mensuales. Al año serían más de 100.000 millones. En este delito el plan de choque tampoco funcionó, el sector transporte, el comercio, la industria y las comunidades siguen pagando la vacuna. Incluso en la parte alta de la comuna 16, los criminales han obligado a la compra de huevos a $450 cada uno, paquete de arepas de cinco unidades a $2.500, esto sin contar las pipetas de gas, transporte, entre otros.
Terminó el anunciado plan de choque del presidente Iván Duque: los diez delitos a combatir en 100 días: «El que la hace, la paga». Lo anteriormente expuesto muestra que a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no le fue tan bien como pretende demostrar a través de numerosas capturas, entre ellas las de subjefes y jefes de la Oficina. El esfuerzo de esta institución queda en duda; las acciones mediáticas, cortoplacistas y sin efectos reales a mediano y largo plazo son las que pululan mientras el crimen urbano goza de muy buena salud y cogobierna tranquilamente a pesar de los golpes recibidos y de que algunos de los jefes visibilizados se encuentren refugiados en Brasil, Costa Rica, Argentina, Chile, México, Paraguay y Uruguay. Las fallas son enormes en la estrategia de seguridad, la inteligencia policial no fue eficiente y es una de las grandes perdedoras.
Terminaron los 100 días y nada cambió. El alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, el presidente de la República y el próximo director general de la Policía Nacional deben cambiar la estrategia de seguridad. Para hacerlo y que esta sea exitosa, se debe contar con una fuerza policial acorde con el complejo panorama que vive la ciudad en materia de seguridad, criminalidad y violencia. La depuración institucional en la Meval es urgente y necesaria, empezando por quienes mandan: el cuerpo de oficiales.