El presidente Gustavo Petro puso de nuevo en el escenario el tema de la corrupción en la Policía Nacional, un asunto de vieja data
Colombia, 24 abril de 2024.- No es un secreto ni es injuria decir que algunos miembros de la Policía Nacional están y han estado vinculados a execrables crímenes a lo largo de la historia del país. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz los investiga a ellos y a otros integrantes de la Fuerza Pública (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) dentro del Caso 08, abierto en 2022 para indagar sobre su participación en homicidios, masacres, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal en desarrollo del conflicto armado colombiano.
La justicia ordinaria también los investiga y hasta los ha condenado. Según el Director General de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez, en el año 2023 fueron capturados 510 policías denunciados por diferentes delitos. El oficial reconoció que los delitos en los que más incurren los agentes están relacionados con narcotráfico, extorsión, retención ilegal, falsos operativos y la alianza con mafias y cabecillas para la extracción ilegal de minerales. Un ejemplo de extorsión ocurrió en Medellín en abril de 2023.
Los patrulleros Andrés Fernando Becerra Lee y Yeison Cortés Mayo detuvieron en el barrio El Poblado al conductor de un vehículo particular y le habrían exigido que, a cambio de no llamar al tránsito porque tenía aliento a alcohol, les entregara cinco millones de pesos ($5.000.000). La Dijín los capturó y los puso a disposición de la Fiscalía, que los presentó ante un juez como coautores del delito de concusión.
Posteriormente, en julio de 2023, fueron enviados a la cárcel por los delitos de concusión y cohecho propio los uniformados Johan Esteban Pérez Hincapié, John Fredy Ríos Jaramillo, Yenier Adolfo Giraldo Quintana, Jonathan Graciano Padilla y Andrés Camilo Gómez Toro por exigirle un millón de pesos a un ciudadano a cambio de no entregar material probatorio a la Fiscalía sobre sus actividades ilegales. El Gaula se enteró y los capturó en flagrancia.
En Bogotá, más recientemente, se conoció otro caso. El sábado 6 de abril de 2024, en horas de la noche, dos patrulleros de la Policía Nacional fueron capturados por personal del Gaula y del CTI de la Fiscalía. Los agentes Luis Alberto Gómez Vaquero y Wilson Javier Ochoa Mendoza, asignados a la estación del barrio San Antonio, en Bogotá, fueron sorprendidos en flagrancia cuando recibían diez millones de pesos producto de una extorsión.
El viernes anterior, 5 de abril, los uniformados detuvieron un vehículo y le indicaron a su conductor que el automotor estaba reportado como hurtado y para evitar llevárselo para los patios y procesarlo a él por hurto o receptación, debía entregarles diez millones de pesos ($10.000.000). El ciudadano les dijo que no tenía plata, a lo cual los agentes le respondieron que tenía un día para conseguir el dinero y para asegurarse que así sería, le retuvieron su cédula y su celular.
La víctima informó al Gaula y en coordinación con el CTI de la Fiscalía sorprendieron a los uniformados en flagrancia, en poder del dinero exigido, por lo que fueron capturados. El caso hizo recordar al policía que se atragantó con nueve billetes ($500.000) al ser sorprendido extorsionando a comerciantes de Soacha en junio de 2023, acción que le produjo un daño estomacal.
También ha trascendido información que vincula a los uniformados con grupos ilegales como las AGC (mal llamados Clan del Golfo) y que ahora se hacen llamar Ejército Gaitanista. El pasado 24 de febrero quedaron en libertad por vencimiento de términos trece (13) policías que fueron vinculados con la subestructura Uldar Cardona Rueda, a la que habrían favorecido en actividades de narcotráfico en Antioquia y Bolívar. La Fiscalía se molestó por la decisión del juez, pero la responsabilidad es toda del Ente Acusador, que dejó vencer los términos señalados en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
¿Por qué hay corrupción en la Policía?
El tema es complejo y va más allá del recurrido argumento que ubica a “unas cuantas manzanas podridas” en esa Institución.
El comportamiento delictivo del policía no es su culpa. Parodiando a Rousseau, el agente llega siendo buena persona y la institución lo corrompe. La Policía ofrece bonos, gratificaciones, recompensas, ascensos, vacaciones y permisos a sus servidores -por hacer su trabajo-, que estos están dispuestos a conseguirlos a como dé lugar. También prometen castigos si no hay resultados. Fue así como surgieron los falsos positivos.
Eso podría explicar -no justificar- el por qué los policías crean las situaciones que finalmente les significarán un premio, un reconocimiento o les evitarán una sanción. El policial detiene arbitrariamente a un ciudadano, le inventa un delito y termina enviándolo a prisión con la ayuda inconsciente de la Fiscalía y de un juez. El afortunado que logra demostrar su inocencia buscará la indemnización con ocasión de ese daño que le causó la Administración y, seguramente, lo conseguirá. Pero no a todos les va tan bien. En todo caso, esas capturas suman en la estadística de resultados positivos.
Asimismo, la Agencia de Prensa Análisis Urbano ha conocido incidentes en los que, para mostrar resultados, la Policía inventa capturas de cabecillas que no lo son y hasta anuncian que desmantelaron bandas que en realidad siguen muy vigentes.
Adicionalmente, hay que decir que, además de la Institución, el medio hostil en el que el policial realiza su trabajo también termina corrompiéndolo. Claro, estas son teorías que no justifican la cantidad de comportamientos ilegales de los agentes que, reiteramos, no son todos.
Delinquen de uniforme
En Medellín, uniformados de la Policía Nacional investigan en las calles cuáles son los lugares en los que se está comercializando droga, pero no para atrapar a los expendedores y conducirlos, sino para participar en el negocio.
Inclusive, pagan por información que los lleve a identificar esos sitios. Ocurre en todas las comunas, los barrios, centros poblados y zonas rurales. Los patrulleros hasta navegan en internet, descargan aplicaciones y hacen pedidos on line en redes sociales para sorprenderlos. Hacen inteligencia. Una vez lo descubren, llegan allí, se presentan y exigen un pago semanal para dejarlos trabajar. Los bandidos los inscriben en la nómina y el negocio sigue.
Así, el policía también “compra” la olla y no solo la “olla” compra al policía. Es así como funciona a nivel “jibariadero”. En el barrio todos ven cuando los policías llegan a la plaza en moto y luego salen de allí como si nada. Si el ciudadano llama al cuadrante o a la línea 123, está frito. Valga decir que, según Transparencia Por Colombia (https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/2023/08/Anclas-desarrollo.pdf), la policía es la institución que está más cerca a la ciudadanía y es también una de las más corruptas. La corrupción policial afecta principalmente a la población más vulnerable, que es la que recibe menos atención cuando se atreve a denunciar. Esto refuerza la desconfianza en esa Institución.
El uniformado sabe dónde están las ollas, quiénes son los bandidos, los jefes, los coordinadores, los jíbaros, los lavaperros, los enchalecados, los de la vuelta, los cachorros, sus alias y hasta el sitio donde viven. Y hasta se inclina a favor de los bandidos, como ocurrió en Campo Amor, cuando la concejal Claudia Carrasquilla llamó a la Policía para denunciar una agresión por parte de un sujeto.
Al presidente Gustavo Petro lo chiflaron por decir esa verdad. El pasado jueves 4 de abril de 2024, en el lanzamiento del nuevo modelo de servicio de Policía Territorial, realizado en el Movistar Arena de Bogotá, el Mandatario afirmó que “todo policía de barrio sabe dónde queda la olla”, que “la olla compra al policía” y que eso lo saben todos, “no solo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes”. A Petro lo chiflaron por lo que dijo, de ahí su respuesta.
Lo anterior puso de nuevo en el escenario el tema de la corrupción en la Policía Nacional, un asunto de vieja data.
También los oficiales
La corrupción en la Policía no es un asunto meramente de patrulleros. Varios oficiales y suboficiales han terminado involucrados en negocios ilegales, unos porque lo buscaron y otros porque fueron vinculados al estilo Don Corleone, esto es, que amenazan al uniformado con asesinarlo a él o a su familia si no colabora y a cambio de su “cooperación” recibe una suma de dinero.
A quien está a cargo le hacen una oferta que no puede rechazar, para dejar pasar cargamentos de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. A un patrullero que gana $2.103.359 mensuales (en 2024), que tiene que enviar dinero a su familia y dejar para su sustento en la ciudad en la que presta el servicio, es fácil comprarlo por $300.000, hasta $100.000. Pasa casi lo mismo con un subintendente (un cabo), que devenga $2.407.652 mensuales. Sí, son sueldos de miseria. A ellos les toca rebuscársela con extorsiones.
En cambio, un mayor general gana $17.852.000, un brigadier general está por los $15.957.000, un coronel gana $12.366.000, un capitán recibe cerca de $7 millones, un subteniente $5.300.000. Además, los de más alto rango reciben asignación básica, gastos de representación y primas de Dirección, por lo que corromper a un oficial es a otro precio. De acuerdo con el mando y su importancia en la vigilancia, puede recibir hasta el doble de lo que devenga por sueldo.
Los oficiales, o quien haga las veces de comandante, reciben un fajo de unos cuantos millones para dejar que la mercancía, que está oculta en camiones, cisternas, contenedores, ambulancias, volquetas, taxis, barcos, lanchas, avionetas o helicópteros, llegue a su destino. De vez en cuando un alijo es descubierto, pero eso hace parte del libreto. Y no, no es una película, es la cruda realidad.
El pasado 30 de enero estalló un escándalo en el departamento de Quindío que compromete a un coronel, dos mayores y a un intendente de la Policía, quienes estarían recibiendo entre 10 y 25 millones de pesos mensuales por parte de alias Pipe Tuluá y alias Lina, cabecillas de la banda La Inmaculada, del municipio de Quimbaya.
Y no se trata solo de droga. El pasado 15 de marzo fueron capturados cinco integrantes de una banda dedicada al contrabando, entre quienes se encuentra un mayor de la Policía: Mario Andrés Sarmiento Rojas, quien, junto al excoronel de la misma institución, Alexander Galeano Ardila, recogían una importante suma de dinero en todos los puertos del país para dejar entrar decenas de contenedores cargados con mercancía de contrabando. La exgeneral Sandra Patricia Hernández Garzón fue retirada de la Institución por este caso. Un general también está involucrado. El Bendecido o El Zar, alias de Ricardo Orozco Baeza, es el líder de la banda y quien hacía los pagos a todos los funcionarios corruptos que hacen parte de la cadena (77.000 dólares -$308 millones de pesos- mensuales).
Los oficiales no están en una sola nómina. No es como cuando el jefe era Pablo Escobar, Berna, Valenciano o Sebastián. La atomización de bandas y combos no lo permite. En un país en el que campea la corrupción y abunda el desempleo, es común que pasen cosas como esas.
Reiteramos, también hay policías buenos, pocos, pero los hay, valerosos, comprometidos, que se resisten a ser corruptos, que se oponen a la criminalidad, que tienen su conciencia limpia, aunque sus bolsillos también lo estén.
A.U.
