GUAVIARE, COLOMBIA (1 JUN 2024) – La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco mujeres acusadas de extorsionar a los habitantes de Guaviare bajo la modalidad de ‘familiar en apuros’. Estas mujeres exigían dinero a las víctimas, alegando que un familiar estaba detenido y necesitaba una alta suma de dinero para evitar ser judicializado.
La investigación reveló que en 2021, siete personas fueron víctimas de estas extorsiones, recibiendo llamadas de un supuesto policía que les informaba que un familiar había accidentado a una mujer embarazada y que, para evitar problemas legales, debían pagar una suma considerable. Se descubrió que las llamadas se realizaban desde la Cárcel La Picota en Bogotá.
Las mujeres habrían recibido hasta 25 millones de pesos de las víctimas en Guaviare. Las capturas fueron llevadas a cabo por el Gaula de la Policía Nacional en Bogotá y Caquetá, deteniendo a Luz Stella Huertas Ajiaco, Jhoana Paola Riaño Neuta y Seleny Facundo Toledo. Además, para la audiencia de formulación de imputación, fueron citadas Carmelina Muñoz Melenje y Elizabeth Quintero Herrera, quienes ya se encontraban privadas de la libertad en cárceles de Bogotá.
Un fiscal del Gaula Ariari de Granada (Meta) les imputó el delito de extorsión agravada consumada. Ninguna de las acusadas aceptó los cargos. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra dos de las capturadas, mientras que Huertas Ajiaco recibió detención domiciliaria. Muñoz Melenje y Quintero Herrera continuarán privadas de la libertad en sus respectivos centros de reclusión.
Según la Fiscalía, estas mujeres están vinculadas a varias investigaciones por extorsión desde La Picota, afectando a víctimas de otros departamentos como Putumayo, Caquetá, Antioquia, Tolima y Meta.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.