Lima, 16 de noviembre de 2022.- La defensa legal del presidente peruano, Pedro Castillo, denunció este miércoles ante la Corte Suprema que, en la historia republicana del país, «nunca antes» se ha investigado a un mandatario en funciones, durante la evaluación de un recurso para anular la investigación por corrupción contra el mandatario.
«En nuestra historia republicana, nunca antes se ha investigado a un presidente de la República en funciones (…). ¿Por qué a otros expresidentes, también en funciones, no, y por qué el presidente Pedro Castillo en funciones sí?», se preguntó el abogado Benji Espinoza, integrante del equipo legal de Castillo.
Espinoza mencionó que, en este caso, hay una «clara violación del principio de la igualdad» y reiteró que la Fiscalía no puede denunciar constitucionalmente al jefe de Estado por delitos que no estén contemplados en el artículo 117 de la Constitución peruana.
«Existe un error en la interpretación del texto 117 que impide que al presidente se le pueda investigar, incluso preliminarmente (…) no por organización criminal, no por tráfico de influencias y mucho menos por colusión», sostuvo el abogado.
Alegó, en este sentido, que dicho artículo de la Carta Magna establece la inmunidad casi absoluta del gobernante en ejercicio al solo poder ser acusado constitucionalmente por el delito de traición a la patria y por infracción constitucional al impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
«No pensemos en Pedro Castillo, pensemos en la decisión histórica que se toma hoy», apostilló.
RECURSO DE APELACIÓN
Este miércoles se celebró una audiencia virtual convocada para evaluar la apelación de Castillo contra la decisión que tomó en junio pasado el juez Juan Carlos Checkley de declarar infundado un recurso de amparo para que la Fiscalía deje de investigar al gobernante por corrupción.
Durante la sesión, el juez César Martín Castro escuchó los argumentos de las partes y anunció que resolverá el recurso «inmediatamente».
El mandatario, quien lleva quince meses en el cargo, presentó este recurso luego de que Checkley declarara infundada la «tutela de derechos» que pretendía suspender el proceso que abrió en su contra el ex fiscal general Pablo Sánchez y que continuó su sucesora Patricia Benavides.
A raíz de esta investigación preliminar, Benavides presentó en octubre pasado ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión (fraude).
Esta tarde, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento evaluará el informe que recomienda admitir a trámite esta denuncia que, de proceder, pasará a manos de la Comisión Permanente, la antesala de un eventual debate y votación en el pleno.
POSICIÓN DE LA FISCALÍA
Por su parte, la fiscal suprema Sylvia Sack, rechazó durante la audiencia los alegatos de la defensa de Castillo al considerar que la investigación preliminar «no contradice los límites del artículo 117».
Insistió en la necesidad de investigar al presidente al estar considerado el líder de una presunta organización criminal que, según el Ministerio Público, amañó contrataciones de obras públicas para obtener dinero ilícito.
Por eso, en la misma línea de la Procuradoría General del Estado, la fiscal solicitó que se vuelva a declarar infundado el recurso de «tutela de derechos» y que se ratifique la resolución que ya rechazó la apelación.
EFE
