Bogotá, 23 noviembre.- El número de personas que fueron asesinadas en una masacre perpetrada en el municipio de Betania, en el departamento de Antioquia (suroeste), ascendió a diez luego de que dos heridos fallecieran esta madrugada en los centros médicos donde eran atendidos.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, afirmó a periodistas que las diez víctimas mortales eran recolectores de café, de los cuales tres eran migrantes venezolanos y varios más llegaron allí procedentes de otros municipios de la región.
El funcionario apuntó al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país y surgida de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como posible responsable de este crimen, pues ese es, según dijo, el grupo que predomina en esa región.
La matanza fue perpetrada en una finca del caserío de La Julia, en Betania, hasta donde llegaron unos diez hombres que abrieron fuego contra los recolectores que estaban en un dormitorio en donde había catorce campesinos.
Esta masacre sigue a una ocurrida el pasado 3 de noviembre en la que cinco personas fueron asesinadas en una zona rural del municipio de Nechí, también en Antioquia, donde fueron atacados a tiros quienes departían en un billar.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó el domingo a Betania, condenó la masacre y reiteró que detrás de los asesinatos de líderes sociales y de campesinos está el narcotráfico.
Dijo además que en el consejo de seguridad que presidió en esa localidad las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 55.000 dólares) por información que permita la captura de alias «Rubén», a quien señaló como el jefe del grupo del Clan del Golfo que opera en esa parte de Antioquia.
EN CONTEXTO:
Otra masacre en Colombia: Siete personas fueron asesinadas en Betania, Antioquia
Al menos 42 masacres han sido perpetradas este año en Colombia, junto al asesinato de 48 líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco mujeres.
Así se desprende del último informe del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que fue presentado a principios de octubre.
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