Las víctimas eran contactadas a través de llamadas telefónicas y mensajería instantánea, en medio de amenazas de muerte o ataques a sus negocios y vehículos de carga.
Fiscalía General de la Nación, FGN
Las investigaciones indican que estarían vinculados a, por lo menos, 36 eventos delictivos.
TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (13 ABR 2024) – Un juez de control de garantías ha ordenado el encarcelamiento de 21 presuntos miembros de la organización criminal conocida como ‘La Oficina de Tuluá’ o ‘La Inmaculada’. Están acusados de ejecutar una serie de extorsiones a comerciantes y productores de la plaza de mercado de Tuluá, Valle del Cauca, afectando a la comunidad local.
Las víctimas recibían llamadas telefónicas y mensajes con amenazas de muerte o ataques a sus negocios y vehículos, con el objetivo de forzarlos a pagar cuotas extorsivas. Según la Fiscalía, el grupo delictivo incluso llegó a inflar los precios de productos básicos como el plátano y el queso hasta un 350%, para aumentar sus ganancias ilícitas.
Las investigaciones revelan que los acusados están vinculados con al menos 36 eventos delictivos, incluyendo ataques a la propiedad y amenazas directas a los comerciantes. Los cargos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio agravado, extorsión agravada, constreñimiento ilegal, y delitos relacionados con armas de fuego.
Entre los detenidos destacan Karen Dayana Gómez González, pareja de alias ‘El Enano’, supuesto líder de ‘La Oficina de Tuluá’, actualmente en prisión; y otros importantes operativos como Julián Andrés Trujillo Sánchez, Jhon Nicolás Zapata Rojas y Cristian Andrés Osorio Carmona.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
