Santiago de Chile, 7 de diciembre de 2021.- El Senado chileno aprobó este martes extender durante 15 días más la militarización de cuatro provincias ubicadas en el sur del país, zona donde hace décadas se desarrolla un conflicto territorial con indígenas mapuche que se agravó en los últimos meses.
A solicitud del presidente chileno, Sebastián Piñera, la Cámara de Diputados aprobó ayer la prórroga del «Estado de Emergencia», mientras esta tarde el Senado hizo lo mismo con 16 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
La medida entró en vigor el pasado octubre y permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en operaciones policiales y restringir el derecho a la reunión y la locomoción de los habitantes en la zona.
Se trata de cuatro provincias ubicadas en las regiones de Biobío y La Araucanía, en el centro-sur del país, que en los últimos meses han experimentado una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, incendios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortales.
Algunos de estos episodios se enmarcan en el «conflicto mapuche», que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales controladas por los grupos económicos más poderosos del país, incluso del Cono Sur.
Mientras que los defensores de la militarización, las figuras más conservadoras, sostienen que es la única forma de garantizar la seguridad de la población, los detractores, parte de la oposición y las organizaciones indígenas, sostienen que solo pone más tensión sobre la enconada disputa y aumenta los casos de violencia.
En el último mes se han registrado varios incidentes como los incendios de una escuela y del predio de un diputado, o la muerte de un comunero mapuche durante un operativo policial, este último episodio aún sin ser esclarecido por la Justicia.
Este caso desató una ola de reacciones y reavivó el recuerdo del asesinato de Camilo Catrillanca, un mapuche de 24 años que murió en 2018 de un tiro por la espalda percutado por un policía del cuerpo de Carabineros, convirtiéndose en la primera gran crisis del segundo mandato de Piñera, acentuada por montajes y mentiras que caracterizaron el actuar policial.
La situación despertó diversas críticas, como la de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que lamentó el fallecimiento del mapuche y expresó su preocupación por la militarización.
Asimismo, través de redes sociales apareció un video con alrededor de medio centenar de encapuchados armados, identificados a través de letreros como la organización indígena Weichan Auka Mapu, amenazando con combatir «con armas» a las fuerzas de seguridad si no abandonan el territorio.
EFE
