Bogotá, 22 febrero.- El Gobierno colombiano relacionó los 66 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos en 2020 al cultivo ilícito y otras actividades ilegales de grupos armados.
Así lo recogió la Consejería Presidencial para los derechos humanos en su informe anual de 2020 sobre homicidios de líderes sociales en Colombia.
“Los fenómenos de reclutamiento (forzoso de menores), de homicidios de defensores de derechos humanos, los desplazamientos, los homicidios colectivos, conocidos comúnmente como masacres, todos son ubicados en los mismas zonas geográficas de Colombia y coinciden con las rutas de narcotráfico y las zonas de extracción ilícita de minerales”, dijo la consejera presidencial para estos asuntos, Nancy Patricia Gutiérrez.
El informe se basa en los datos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos de la Fiscalía y la oficina en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que no han sido aún desvelados, pero que la Consejería Presidencial afirma que fueron 66 en 48 municipios colombianos en 2020, y 63 más que están en proceso de verificación.
En 2019, la ONU, que ya reconoció que este año sus datos serían parciales por las restricciones de la pandemia en el trabajo de campo, contabilizó 108 asesinatos, y desde el 1 de enero de 2016 se registraron 434 homicidios, según las mismas fuentes.
Estos datos son significativamente más bajos que los reportados por otras organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo la pasada semana en un informe donde reportó 182 homicidios en 103 municipios del país, sobre todo de Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó.
“Los departamentos con mayores afectaciones son Cauca, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, territorios en donde se presenta la disputa entre grupos dedicados al narcotráfico y a la explotación ilícita de minerales”, afirmó por su parte Gutiérrez.
La mayoría de asesinados fueron hombres y líderes pertenecientes a juntas de acción comunal, seguidos por indígenas, líderes sociales, sindicales, ambientales y campesinos.
Además, la consejera presidencial destacó el trabajo de la Fiscalía en el “esclarecimiento” de casi el 63 % de los homicidios, donde la mayoría de detenidos fueron cargos medios y no los altos mandos que ordenaron el asesinato, así como la creación por parte del ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura de 11 juzgados penales especializados.
También subrayó la reducción del 4,4 % de homicidios frente a 2019, con 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que supone, según Gutiérrez, la cifra más baja en 46 años.
Se espera que este martes la representante de la ACNUDH en Colombia, Juliette Rivero, presente a los medios el informe del año 2020, que entregará en Ginebra (Suiza) el 25 de febrero y en el que en otros años han aparecido las cifras de asesinatos de excombatientes y defensores de derechos humanos.
