Ciudad de México, 24 junio.- Las personas migrantes que viven en el campamento del Chaparral, en la fronteriza ciudad de Tijuana, enfrentan hacinamiento, falta de atención sanitaria y riesgo de contagio de covid-19, advirtió este jueves la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
«La CNDH reitera a las autoridades involucradas que establezcan las medidas necesarias para brindar seguridad y protección a las personas en contexto de migración que se encuentran en el interior y en las inmediaciones del lugar, y así evitar que se ponga en riesgo su seguridad, sus bienes, su integridad física y su vida», apuntó el organismo en un boletín.
Recordó que este campamento improvisado surgió hace poco más de cuatro meses en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos del noroccidental estado de Baja California.
«Las personas migrantes, nacionales y extranjeras, que cohabitan en dicho asentamiento en espera de noticias de las autoridades estadounidenses sobre la apertura de los procesos de asilo, se encuentran hoy en condiciones de hacinamiento y mayor vulnerabilidad», apuntó.
Lamentó que dentro de los «asuntos desatendidos por las autoridades destacan el reciente retiro de baños y regaderas portátiles, que provoca un grave conflicto sanitario y de salud».
Y no solo para la población migrante, sino también para los vecinos de la colonia (barrio) aledaña.
Además, la falta de alimentación para aproximadamente 3.000 personas que componen hoy el campamento ahonda su precaria condición.
«Tampoco se han instrumentado medidas efectivas y permanentes para prevenir la propagación del virus SARS-CoV2», lamentó la CNDH.
INFANCIA Y DESPLAZADOS INTERNOS
«Especial preocupación merecen las niñas y niños», pues hay poco más de 1.000 en ese lugar y algunos son enviados a «pedir dinero a la línea de cruce fronterizo, mientras que otros son potenciales víctimas de abuso sexual».
Además, los lactantes carecen de fórmulas lácteas para su alimentación.
«No escapa a nuestra atención la llegada al campamento en los últimos meses de población en contexto de desplazamiento interno forzado, huyendo de la violencia criminal que asola a los estados de Michoacán y Guerrero (en el sur-suroeste)», agregó el órgano.
Por ello, la CNDH envió personal para documentar y orientar de manera permanente a personas migrantes en relación con sus necesidades de todo tipo.
Y el pasado 20 de marzo, recordó, se emitieron medidas cautelares a las autoridades de los tres órdenes de gobierno «sin que se advierta un compromiso eficaz y completo para su cumplimiento por parte del gobierno del estado de Baja California, el Instituto Nacional de Migración y la presidencia municipal de Tijuana», concluyó.
La región vive una ola migratoria sin precedentes y en los últimos años se han producido varias caravanas de centroamericanos que huyen de sus países hacia México y Estados Unidos.
Ejemplo de este flujo migratorio es que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 31.842 solicitudes de asilo en el primer cuatrimestre de 2021, un aumento de casi 75 % frente a las 18.142 del mismo periodo de 2020 y las 18.527 de 2019.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) de Estados Unidos, en abril pasado fueron detenidos 178.120 indocumentados que cruzaron la frontera con México, la cifra más alta para ese mes registrada desde el año 2000.
