«La Administración municipal de Bello, en cabeza del señor Alcalde César Augusto Suárez Mira, le informa a la comunidad en general y especialmente a la bellanita que las diferentes comunicaciones, panfletos, imágenes y videos que está siendo transmitidas por las redes sociales son totalmente falsas, la única intención es desinformar y generar zozobra en la comunidad», dice el comunicado de la Alcaldía de Bello.
Análisis Urbano considera que algo tiene de razón lo afirmado en este segmento del comunicado emitido por la Alcaldía; pues una parte de lo que se ha dicho en redes sociales sobre lo acontecido el viernes y el amanecer del sábado son exageraciones y en algunos casos noticias falsas, en eso estamos de acuerdo, sin embargo, eso no significa que mucha de la información publicada en las redes sociales, acompañada de denuncias y alertas tempranas, sea imaginaria; es evidente que hay una comunidad viviendo en zozobra, miedo y bajo constreñimiento criminal.
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A la institucionalidad, no solo la de Bello, la del resto del Valle de Aburrá y Antioquia, parece olvidársele que en el siglo xxi mucha gente sabe utilizar las redes sociales y lo único que buscan es llamar la atención del Estado; tratarlos de mentirosos y descalificarlos es apabullar más a quienes utilizando estos medios tecnológicos se atreven a denunciar. El mensaje institucional es negativo desde todo punto de vista, solo sirve para darle un mayor empuje a las bandas criminales que, en Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, entre otros municipios, son poderosas estructuras del crimen que tienen sigla, jefes, territorios, armas, logística, dinero y protección oficial a cambio de estar en la nómina paralela. Estos mensajes descalificadores hacen que se fortalezcan y consoliden más. ¿Qué le importará al crimen urbano-rural y trasnacional de ahora en adelante que la gente alborote las redes sociales denunciando un hecho criminal si de antemano se sabe que hay una institucionalidad que parece negarlo todo?
Lo ocurrido este fin de semana tan solo es una muestra de que en el municipio de Bello se está desatando una confrontación entre organizaciones criminales; las comunidades conocen a fondo lo que ocurre. ¿Por qué no escucharlas en vez de descalificarlas? Nos ratificamos en el artículo publicado el 23 de febrero, titulado, Balaceras, temor, asesinatos y patrullajes de gente armada: ¿Se avecina una guerra en Niquía y el resto de Bello? En el municipio desde hace unos meses los tambores de guerra no dejaban de sonar y en diciembre ya se sabía que era inminente la confrontación. Enero y lo que va de febrero así lo confirmaron.
Teniendo en cuenta lo anterior, nos dimos a la tarea de observar detenidamente los apartes más importantes del resto del comunicado de la Alcaldía de Bello con relación a lo acaecido la noche del viernes 22 y el amanecer del 23 de febrero en varios sectores del municipio. Las declaraciones dadas por la administración municipal, a través del comunicado de prensa infausto, que niegan, pero afirman, tranquilizan, pero asustan; y surge después de un Consejo de Seguridad en el que se evaluaron «exhaustivamente» los más recientes homicidios y en general la problemática de orden público. Solo dejaron más incertidumbre que tranquilidad en una parte de la ciudadanía bellanita, además de preguntas y dudas.
En primer lugar, el comunicado es avalado por varias instituciones del Estado, no es solo el alcalde, en esto participaron el resto del equipo de gobierno, la Policía con su inteligencia a bordo y el Ejército; juntos se niegan a reconocer que allí existen poderosas estructuras del crimen urbano e incluso con expansión a otras subregiones. Más grave aún es que no las identifican con ningún nombre, son solo unos «grupos al margen de la ley».
Por qué no se dijo en el comunicado que las bandas que están haciendo presencia en Bello son: (i) Los Chatas, (ii) Pachelly, (iii) El Mesa, (iv) Niquía-Camacol, (v) La Oficina del 12 de Octubre, (vi) La Oficina de San Pablo, (vii) Los Triana, y (viii) Las AGC o Clan del Golfo (en sectores rurales del municipio); y que de las ocho existentes, seis son de la Oficina del Valle de Aburrá, a excepción de Los Triana y Las AGC, además que dos de las seis se están enfrentando: El Mesa y una parte de Pachelly, igualmente hay presencia del Frente de Guerra Urbano Nacional Comandante Camilo Torres Restrepo del ELN.
Si las autoridades militares y la Fuerza Pública saben qué estructuras operan en Bello ¿porqué se refieren a «disputas de algunos grupos al margen de la ley»? ¿Por qué no dicen quiénes son y en qué sectores actúan? La ciudadanía de Bello, aunque saben quiénes desde el crimen urbano habitan en su territorio, tiene todo el derecho a saber de boca de la institucionalidad quiénes son, dónde están y por qué razón afectan la seguridad y la tranquilidad. Decirlo con firmeza generaría verdadera confianza y mermaría la desconfianza en las autoridades.
El comunicado reconoce de tajo lo que niega en otros apartes: «En dicha reunión la fuerza pública aclaró que lo que se está presentado en el municipio, es una alteración en la seguridad, por medio de disputas de algunos grupos al margen de la ley que no debe generar miedo en la ciudadanía, ya que se viene presentando en diferentes municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y algunas comunas de Medellín».
Pero no solo aceptan la confrontación, sino que cometen el craso error de afirmar que la disputa de estos grupos «no debe generar miedo en la ciudadanía, ya que se viene presentando en diferentes municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y algunas comunas de Medellín». Eso significa que la tranquilidad de la ciudadanía bellanita es completa en la medida que el resto del Valle de Aburrá vive disputas armadas también. Revisando esto pareciera que a la administración municipal, la Policía y el Ejército los asesoran deficientemente incluso para redactar un comunicado tan importante.
El siguiente párrafo deja la confirmación de que el orden público en el municipio está alterado: «Para la ciudad se implementará la medida de restricción del parrillero hombre, la cual iniciará a partir del lunes 25 de febrero; al igual que el incremento del pie de fuerza por parte del Grupo Operativo Especiales de Seguridad “Goes”, un grupo motorizado de la Policía Nacional, tres tropas del Ejército Nacional, el aumento de los operativos, y el control del tráfico en la entrada de la ciudad». Si no fuera así no habrían llegado refuerzos de grupos especiales de la Policía el 22 de febrero. ¿Será que ya se sabía que algo grave podría ocurrir? Además, el consejo de seguridad planteó que el lunes iniciaría la restricción del parrillero hombre —parece que la inteligencia policial y militar no han informado que el sicariato también lo realizan mujeres y jóvenes menores de 18 años—, e igualmente que el Grupo Operativo Especiales de Seguridad (Goes), un grupo motorizado de la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional llegarían a reforzar el pie de fuerza. Eso solo significa que algo está ocurriendo.
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En otro párrafo se refieren a las 210 cámaras de seguridad instaladas en el Bello. La alcaldía debería solicitar informes periódicos sobre su funcionamiento, incluso cuando se presentan homicidios o enfrentamientos, para que sepa de primera mano si las cámaras están en óptimas condiciones. Teniendo el control del manejo de cámaras la seguridad podría mejorar levemente. Frente a la presencia de 21 cuadrantes en las once comunas y el corregimiento es evidente que el número no es suficiente, será necesario entonces que se reevalúe la estrategia de seguridad municipal. Esperamos que el alcalde no olvide que los refuerzos serán ubicados por poco tiempo.
El párrafo que está al final del comunicado es desafortunado e irresponsable: «Cabe destacar que los homicidios presentados en la ciudad durante los últimos días, han sido por ajuste de cuentas entre individuos pertenecientes a estructuras delincuenciales, todos con antecedentes judiciales». Según esto la ciudadanía debe estar tranquila porque en Bello se están matando a los criminales y a la gente que tiene antecedentes judiciales. Mal mensaje el que se está transmitiendo.
Esperamos que la situación en Bello mejore, pero es necesario y urgente que la institucionalidad envíe mensajes contundentes, no contradictorios y cargados de debilidad como el del comunicado del 23 de febrero. Es claro que el alcalde César Augusto Suárez Mira no tiene la posibilidad de enfrentar solo la compleja situación de orden público que vive el municipio; es fundamental que la inteligencia estatal dé la mano, además de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la IV Brigada del Ejército sean responsables a la hora de informar al burgomaestre sobre lo que realmente acontece. Decirle verdades a medias —que son lo mismo que mentiras— lo único que ocasiona es su desprestigio.
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