Chocó, Colombia, 20 mayo de 2022.- Hace cuatro semanas existe un confinamiento de 25 comunidades en Nóvita, 20 veredas y dos corregimientos de San José del Palmar en el departamento de Chocó
De nada ha servido que la Defensoría del Pueblo hubiera advertido en las alertas tempranas AT- 027 y AT-029 del 2021 sobre la situación del riesgo a las comunidades Nóvita y San José del Palmar en Chocó.
EN CONTEXTO
El peligro de estas comunidades no desaparece con los consejos de seguridad, ni con los mensajes desafiantes de las autoridades en las entrevistas. Lo real, es el poder armado que mantiene bajo constantes confinamientos y desplazamientos a las poblaciones de los municipios de Nóvita, San José del Palmar y Sipí.
El proceso de expansión de las AGC sigue proyectando incursiones a zonas de fuerte control del ELN. Esta situación, ha derivado en una disputa territorial con una repercusión en la violación a los derechos humanos contra la población civil, constriñendo la movilidad, la tranquilidad y sometiéndolos a permanentes riesgos.
Así lo ha advertido en innumerables alertas la Defensoría del Pueblo y en múltiples oficios que constatan las rutas, la presencia armada y los factores de vulneración a los derechos humanos en esta zona del país.
El mes de abril estuvo cargado de complejidades por el orden público en todo el país. Un paro armado que afectó a la población de 11 departamentos, 178 municipios y más de 300 acciones armadas demostraron el poder real de las AGC.
Uno de los focos por el caso de confinamiento en esta zona del Chocó, se concentró en cerca de 4.593 personas (1.313 familias) pertenecientes a 20 veredas del municipio de Nóvita y zona urbana de San José del Palmar. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA, el confinamiento se da por presunta instalación permanente de minas antipersonales (MAP) a escasos 500 mts de una escuela sembrada por un grupo armado en ese territorio, además, se siguen intensificando acciones de control territorial y la presión hacia estas comunidades.
Mientras esto ocurría, cerca de 3.036 personas (850 familias) de 25 comunidades en el municipio de Nóvita, eran sometidas a un fuerte confinamiento armado, otro que se repetía por segunda vez en dos meses.
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También hubo restricciones a la movilidad, diversos homicidios en la cabecera municipal, secuestros, la masacre de cuatro personas y restricciones al acceso humanitario que se mantienen hasta el día de hoy.
En el mes de diciembre del 2021 el ELN habría decretado un paro armado en esta zona del país, a esta acción, se sumaron restricciones de movilidad, imposición de toques de queda de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en vías principales y secundarias, restricción de acceso al transporte y alimentos, desplazamientos individuales y homicidios selectivos.
Ante esta situación, la Iglesia Católica y otras Iglesias de la mano de organizaciones sociales étnicas del Chocó, enviaron una carta a la Presidencia de la República en la que solicitaron medidas urgentes frente a una situación humanitaria ya consumada.
Otra de las preocupaciones emitidas por la Iglesia es sobre la supuesta sociedad criminal entre Ejército y AGC en el Chocó la cual, ha permitido no solo su expansión, sino que se cometan hechos contra la población.
Es evidente que el Departamento de Chocó se encuentra dominado por el riego extremo generado por estructuras armadas que siguen disputando a sangre y fuego un territorio rico en fauna, flora y minerales, pero también las costas que hacen parte de una cadena paramafiosa que parece no tener fin.
Persiste el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, contaminación por MAP – MUSE – AEI, desaparición forzada, desplazamiento forzado, confinamiento, masacre, tortura, tratos inhumanos, crueles o degradantes, violencia sexual, amenazas, homicidio selectivo, enfrentamientos con interposición de la población civil, ataques, estigmatización, extorsión, secuestro, violencia basada en género, regulaciones a la movilidad, imposición normas de conducta y/o pautas de comportamiento.
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Las mujeres, las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, las y los niños, las y los adolescentes, las y las personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, comunidades afrodescendientes, las y los indígenas, comerciantes, campesinos, campesinas, las y los docentes, estudiantes, transportadores, servidores públicos, líderes/as de los derechos humanos, autoridades étnicas de gobierno, víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, son las principales víctimas de las acciones del conflicto que no cesa.
