«Constitución no va a resolver los problemas de delincuencia», dice Undurraga

FECHA:

Santiago de Chile, 5 de mayo de 2023.- «La gente tiene que saber que la Constitución no va a resolver directamente los problemas de delincuencia», aclara a EFE la presidenta de la Comisión de Expertos que redacta el anteproyecto de la nueva ley fundamental en Chile, Verónica Undurraga, a dos días de los comicios para conformar el Consejo a cargo de su elaboración final.

A juicio de esta doctora en Derecho por la Universidad de Chile y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, nombrada a principios de marzo para conducir el espacio integrado por 24 personas -17 de ellos juristas-, «no le hace bien al país mezclar las discusiones de contingencia con las discusiones a más largo plazo».

Verónica Undurraga Valdés, presidenta de la Comisión Experta del Proceso Constitucional, posa durante una entrevista con EFE, el 27 de abril 2023, en el ex Congreso Nacional, Santiago (Chile). EFE/ Ailen Diaz

Sin embargo, las campañas desplegadas por las fuerzas políticas del país sudamericano para llegar a los escaños del Consejo Constitucional, órgano que será conformado por cincuenta representantes de la ciudadanía, ha explotado muchos elementos de la contingencia diaria, sin destacar el aspecto general y de marco legal de la Carta Magna.

«La Constitución es lo más lejano que hay a una agenda corta», precisa a EFE Undurraga, para quien resulta «comprensible» la presencia de temas más «inmediatos» durante las campañas para dar a conocer a sus candidatos.

«Es importante hacer un poco de pedagogía constitucional y no subestimar la inteligencia de las personas, mostrar que una Constitución es el marco que tiene que establecer muy claramente cuál es la cancha en la que las autoridades y los organismos del Estado pueden moverse», recalca.

UN «ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHOS»

Con las elecciones de este domingo, Chile entra en una nueva fase, que se espera que sea la última, para cristalizar una discusión constitucional que ya suma formalmente dos años y medio, desde que en octubre de 2020 se llevó a cabo un plebiscito en el 80 % de la población manifestó la voluntad de cambiar el texto de la carta magna redactado durante la dictadura.

Si bien la Constitución actual ha sufrido grandes reformas durante los últimos veinte años, su elaboración data de 1980, en plena dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y es señalada por muchos, especialmente por sus reminiscencias neoliberales, como el origen de la crisis política que vive el país, cuya mayor expresión fueron las masivas protestas de 2019 que terminaron con una treintena de muertos, cientos de mutilados oculares y miles de heridos.

«Aquí hay un compromiso, porque está en las bases de este proceso, de establecer un Estado social y democrático de derechos en el que la provisión de bienes sociales sea mixta, tanto entregada por el Estado como por (agentes) privados», explica Undurraga.

«Uno de los desafíos para esta nueva Constitución es realmente recoger las demandas de la población en términos de un robustecimiento de los derechos sociales, con una bajada hacia las políticas públicas», agrega.

Este elemento, enfatiza, «no está en la Constitución actual y se espera que la nueva Constitución sea distinta en ese sentido».

EL ENTENDIBLE REPLIEGUE CIUDADANO

A diferencia de la primera etapa del proceso constitucional postplebiscito de 2020, que terminó con el rechazo de la propuesta por más del 60% de los votos, la nueva fase suscita ahora menos entusiasmo y la población chilena parece desconectada.

«No es deseable, pero sí explicable que haya cierto repliegue de la población. Llevamos demasiados años hablando de una nueva Constitución, ha habido mucha energía desplegada en procesos anteriores, también decepción porque no pudieron salir adelante», afirmó la abogada.

«Este proceso parece no entusiasmar a la población y por eso hay preocupación, pero en vez de mirarlo como un instancia separada, quizás podemos hacerlo con un poquito más de perspectiva y darnos cuenta que se están recogiendo llamados que había hecho la ciudadanía», añadió.

En la misma línea, esta abogada destaca el papel «central» del Consejo Constitucional que está por elegirse, entendiendo que la necesidad de una nueva ley fundamental persiste y que hay temas que ya están claros.

«Está claro que se quiere un Estado social y democrático de derecho. Una democracia que funcione bien es una democracia en la que las mujeres participen de forma equilibrada con los hombres en los espacios de poder, en la que hay que mejorar el sistema político. Son ideas que se han ido asentando. Ha sido (un prroceso) lento y un poco escabroso», sentencia.

Sebastián Silva

EFE

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