Este miércoles 5 de julio, a eso de las 10 de la noche, fueron asesinados dos miembros de la comunidad Embera en el cabildo indígena Cañabravita, ubicada en la vereda Tesalia, en Orito, Putumayo.
Según informó el medio de comunicación Notifronteras, seis sicarios llegaron hasta el lugar en tres motocicletas. Portando capuchas y armas de fuego se dirigieron hasta la vivienda de uno de los líderes del cabildo y lo atacaron a bala.
El padre de la víctima reaccionó, fue por una escopeta y empezó disparar contra los asesinos. En ese momento se desató un intercambio de disparos tras el cual perdió la vida el progenitor y resultaron heridos otros dos de sus hijos.
La tragedia no se detuvo allí. La madre, desesperada, arrojó por la ventana a 3 niños para que no fueran víctimas de los sicarios y armándose de valor agarró un machete y se enfrentó a los asesinos.
Los bandidos, ya sin munición, desarmaron a la mujer y tomándola por el cabello la arrastraron hasta el patio de la casa para asesinarla a golpes.
Integrantes de la comunidad acudieron en su ayuda y fueron tras los asesinos, pero estos corrieron hasta las motos y emprendieron la huida.
Agrega Notifronteras que la comunidad indígena cabildo Cañabravita se prepara desde hace un par de días para la consulta previa que se realizará este sábado 7 de julio, para evitar que una empresa petrolera adelante proyectos sísmicos en esa zona del departamento en búsqueda de pozos petroleros.
El líder asesinado era quien tenía el dinero para desarrollar la actividad democrática de este sábado, por lo que los sicarios, además de matarlo, le robaron la plata.
Con la ayuda de la comunidad, dos de los heridos fueron trasladados a centros médicos, mientras que la madre, que se recupera junto a los niños que lanzó por la ventana y que no sufrieron lesiones, es cuidada y vigilada por la comunidad Embera.
Según trascendió, el líder asesinado denunció ante la Policía que era víctima de amenazas, pero no se le brindó la protección requerida.
El «problema indígena»
Las medidas privatizadoras llevaron a la venta de los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, especialmente desde el gobierno de Andrés Pastrana.
Ese proceso produjo que mediante decreto se dividiera a Ecopetrol y se creara la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, que se convirtió en la administradora de la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos.
Las leyes posteriores evidencian que la política petrolera del país tiene como propósito favorecer a las transnacionales, reducirles al máximo los impuestos y las exigencias, lo que se traduce en menores ingresos para el país.
Pero se necesitaba aumentar los ingresos para pagar la deuda pública, es así como los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos promovieron una enorme actividad exploratoria, de exploración sísmica. En 2004, los 2.000 kilómetros anuales de sísmica pasaron a 6.700 km explorados. En 2007 se instalaron 10 nuevas empresas en el país, que se sumaron a las 18 de presencia anterior, regresó la ExxonMobil y entraron la BHP Billiton, Burlington, Lukoil, ONGC, Sinopec, Petrolatina, Pacific Stratus, Talisman y Gran Tierra, entre otras. Colombia es un paraíso fiscal petrolero.
Desarrollar la industria petrolera requiere colonizar territorios indígenas y evaluar nuevas cuencas petrolíferas. La ANH ha habilitado diversas áreas para la investigación y exploración, muchas de las cuales coinciden con los territorios indígenas.
Ahí nace el problema para esa industria depredadora. Más de 400 contratos se han firmado entre el año 2000 y el año 2018. Más de la mitad afecta territorios indígenas. 20 millones de hectáreas se han entregado a empresas petroleras bajo contratos de producción, exploración y evaluación técnica.
Son más de 6 millones de hectáreas de territorios indígenas, más de 250 resguardos, 40 pueblos, 300 comunidades sin resguardo, los afectados.
La ANH “invierte recursos en adquisición sísmica” para realizar estudios, calentar áreas, explorar y explotar reservas de petróleo y gas.
Esas áreas, que afectan territorios indígenas, son: cuenca Sinú-San Jacinto, cuenca Chocó, cuenca César Ranchería, zona del Yarí-Caguán, Putumayo-Huila; zona costera de Nariño, Cauca y Valle; áreas del litoral de La Guajira; Sierra Nevada de Santa Marta; Urabá, desembocadura del Sinú.
Teniendo en cuenta que el Convenio 169 de la OIT estipula que debe realizarse una consulta previa con el objetivo de conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas como tala, agronegocios, o minería en territorios indígenas, es decir, ellos deciden si se hace o no la exploración en sus territorios, las transnacionales adelantan negociaciones fraudulentas y clandestinas y ofrecen dinero a la comunidades para conseguir sus propósitos. En otros casos, las organizaciones indígenas no son siquiera informadas y en casos como el de Orito Putumayo, son amenazados y asesinados para que no adelanten las consultas.
Para las grandes corporaciones transnacionales, los territorios indígenas se convierten en un obstáculo en la expansión de la industria minero-energética. Es “el problema indígena”, que es resuelto con corrupción, disuasión o muerte.
*Con base en un informe del Centro de Cooperación al Indígena CECOIN, asistido por la Unión Europea.
