Colombia, 30 marzo de 2022.- Organizaciones sociales denuncian que lo informado por la fuerza pública en cuanto a un enfrentamiento entre disidencias y el Ejército Nacional fue en realidad una masacre en la que fueron asesinadas cerca de 11 personas en la vereda el Remanso del municipio de Puerto Leguízamo. Entre las víctimas se encontraban el presidente de la Junta de Acción Comunal y un gobernador indígena, quienes departían de un bazar comunitario.
Quien informa los resultados de la operación del Ejército Nacional fue el mayor general Edgar Alberto Rodríguez, quien menciona que en medio de la ofensiva del Ejército, a través del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales en el sur del país, fueron dados de baja 15 integrantes del GAO residual estructura 48, que harían parte de la Segunda Marquetalia.
Lo que parecía una operación quirúrgica para desmantelar las disidencias de las Farc, fue en realidad un falso positivo de civiles mostrados como guerrilleros muertos en combate y una masacre en la que fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Remanso, Didier Hernández Rojas, Ana María Sarria Barrera (esposa del presidente de la Junta), Pablo Panduro Coquinche (gobernador del cabildo Kichwa, Brayan Santiago Pama), un menor de edad de 16 años, Oscar Olivo Yela, dos personas más conocidas como Pequeño y Cuéllar, y resultaron heridos Willinton Galíndez, Vanesa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade, todos estos habitantes ampliamente reconocidos en esta comunidad.
En noviembre de 2020 los senadores Antonio Sanguino, Feliciano Valencia e Iván Cepeda reiteraron las denuncias frente al ascenso de los militares Marcos Evangelista Pinto y Édgar Alberto Rodríguez acusados de haber participado en al menos 63 casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Sin embargo, en la comisión segunda del Senado fueron ascendidos.
Por su parte José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, experto en América Latina, advirtió en diciembre del 2020 que el nuevo comandante de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, el mayor general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, entre julio de 2006 y diciembre de 2007, mientras este comandó el Batallón Magdalena IX Brigada, se habrían cometido 7 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el 2005 bajo su mando y 25 en 2007.
Esta fue una de las razones por las que la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- llamó en noviembre del 2021 a rendir versión a tres generales, seis coroneles y un mayor de la IX Brigada del Ejército Nacional, dentro del sub-caso Huila de «falsos positivos».
Pocos recuerdan que el mayor general Rodríguez hizo parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que opera en el Bajo Cauca y el Nudo del Paramillo, a este nombramiento se sumó el rechazo total de la sociedad civil por el conocimiento de la posible participación del General Rodríguez en ejecuciones extrajudiciales.
Bajo el mando del mayor general Rodríguez Sánchez, en la Operación Aquiles ocurrió un hecho que generó total preocupación en Antioquia.
Luego de que una fuente anónima denunció el 3 junio del 2020 la ubicación exacta de los altos mandos de la entonces estructura, frente Virgilio Peralta Arenas, más conocida como los Caparrapos, alias Caín y alias Flechas, quienes se encontraban borrachos en un billar en el corregimiento de El Guaimaro del municipio de Tarazá, tropas de la Operación Aquiles extrañamente nunca buscaron capturarlos. Esta situación permanece en investigación.
Séptima División del Ejército investiga responsabilidad en la fuga de alias Caín y Flechas en Tarazá
Son muy claras las dudas sobre la transparencia de las operaciones en las que está inmerso el general Rodríguez, por eso, esta nueva masacre ocurrida en el Putumayo en la cual el Ejército quiere hacer pasar a varios civiles como “guerrilleros muertos en combate” debe ser no solo verificada, sino que la investigación de los entes del Estado debe surtir por fin una lucha verdadera contra la impunidad.
¿Regresó el Ejército a los tiempos de los falsos positivos?
