Golpe a los Caparros por afectaciones a defensores de DD. HH. y a excombatientes de Farc

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Gracias al material probatorio obtenido por la Fiscalía, a través de la Unidad Especial de Investigación, se lograron resultados importantes en el esclarecimiento de crímenes y agresiones contra defensores de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación.

Inicialmente, un juzgado de Antioquia impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres que pertenecen a la organización criminal responsable del asesinato del reincorporado Rubén Darío Giraldo Montoya, ocurrido en julio de 2019, en Campamento (Antioquia).

Los procesados son: Oswaldo Manuel Agudelo, alias Guaricho, presunto jefe de las milicias de una estructura residual del frente 36 de las desmovilizadas Farc; y Javier Humberto Orrego, alias Cantina. Estas dos personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, desplazamiento forzado, y extorsión.

Golpe a la estructura criminal de los ‘Caparros’

En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana se llegó a una vivienda en la verada Ponciano Alto, en Cáceres (Antioquia), donde se escondía Evier Antonio Ortega Pastrana, alias Romaña, integrante del estado mayor de los ‘Caparros’ y señalado hombre de confianza de Emiliano Alcides Osorio, alias Caín, máximo cabecilla de esa estructura ilegal.

‘Romaña’ se opuso al procedimiento y murió durante un intercambio de disparos con los grupos operativos.

Las investigaciones de la Fiscalía dan cuenta de que este hombre era el encargado de un plan de expansión criminal de ‘Los Caparros’ en Antioquia, en el que se habrían ordenado agresiones de diferente tipo contra defensores de derechos humanos de la región del Bajo Cauca antioqueño y el sur del departamento de Córdoba.

En ese sentido, alias Romaña tenía una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Lo anterior con relación a los homicidios de Jader Manuel Pertuz Polo y Jader Leonel Polo, líderes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en San José Ure (Córdoba), ocurrido el 23 de mayo de 2019.

Esclarecimiento de crímenes contra familiares de reincorporados

La Unidad Especial de Investigación (UEI) logró la judicialización de Johny Alejandro escobar, alias Gurre, integrante de la estructura residual Oliver Sinisterra. Esta persona habría participado en el asesinato de Julio Cesar Pasuy, hijo del reincorporado Dilio Illie Pasuy.

El crimen se registró el 7 de octubre de 2018, en el corregimiento de La Guayacana, en Tumaco (Nariño). Por este hecho, la Fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, y amenazas.

Ante los elementos probatorios presentados en las audiencias de control de garantías, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tumaco impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

En otro resultado judicial, fue imputado Yony Alexander Salazar Claros por los delitos de homicidio agravado, y porte ilegal de armas agravado. El procesado se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, por un proceso que se le sigue como integrante de la organización ilegal conocida como ‘Libertadores del Vichada’.

De acuerdo con la investigación, Salazar Claros estaría vinculado al crimen de Wilson Farfán Moreno, hermano del reincorporado José Graciano Farfán Moreno, ocurrido el 10 de marzo de 2019, en Puerto Carreño (Vichada).

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