SANTA MARTA, MAGDALENA (9 MAR 2024) – En un fallo judicial que subraya la importancia de la integridad en el desarrollo urbano y empresarial, un juez penal de conocimiento ha condenado a siete años de prisión a Héctor Mario Díaz Herrera, exrepresentante legal de un destacado grupo empresarial de Santa Marta, junto con cuatro de sus colaboradores. Este veredicto se da tras demostrarse su implicación en maniobras fraudulentas destinadas a obstruir el avance de un proyecto urbanístico multifamiliar en la ciudad.
Los eventos que llevaron a esta condena tuvieron lugar en 2006, cuando una compañía rival obtuvo la licencia de construcción necesaria para iniciar un proyecto inmobiliario contiguo al hotel propiedad de Díaz Herrera. A pesar de que el promotor del proyecto cumplió con todos los requisitos exigidos por la curaduría urbana, Díaz Herrera interpuso una demanda contra la resolución que otorgaba el permiso de construcción y presentó documentación falsa, argumentando que el promotor no había realizado adecuadamente los actos de comunicación requeridos, como la instalación de vallas informativas sobre el proyecto.
La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la investigación, durante la cual se estableció que Margarita María Perdomo, actuando en su capacidad de secretaria de presidencia del grupo empresarial, respaldó las acciones fraudulentas de Díaz Herrera. Perdomo convenció a tres empleados de declarar falsamente contra el proyecto urbanístico, lo que constituyó un claro intento de sabotaje a través de engaños y declaraciones falsas.
Como resultado de estas acciones, tanto Héctor Mario Díaz Herrera como Margarita María Perdomo fueron declarados culpables del delito de fraude procesal. Los demás implicados, identificados como José Alfredo Noche Ramirez, Carmen Cecilia Parra Meza y Rubén Darío Sosa Álvarez, recibieron condenas por el delito de falso testimonio.
Este fallo de primera instancia, sujeto a los recursos de ley, no solo busca hacer justicia en este caso particular, sino también enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de interferir ilegítimamente en el desarrollo urbano y la competencia empresarial. La sentencia refleja el compromiso de las autoridades judiciales con la protección del orden legal y el fomento de un ambiente de negocios justo y transparente en Santa Marta y en todo el país.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.