Colombia, 21 diciembre de 2023.- Colombia continúa siendo un país afectado por la violencia política. Año tras año, miles de personas defensoras de los derechos humanos pierden sus vidas en un escenario de constante amenaza.
Cerca de 1.600 homicidios contra líderes y lideresas sociales se han cometido desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, ello indica que son asesinados/as cerca de 2 líderes/as cada día y en promedio, se presentan cerca de 225 homicidios al año, lo que convierte a Colombia en un escenario desolador para quienes defienden los Derechos Humanos.
El año 2020 se destacó como el más violento, con un preocupante 19.25% de los homicidios ocurridos desde el Acuerdo de Paz. Esta cifra es parte de un patrón alarmante, ya que en 2018 ocurrió el 17.4%, en 2019 el 15.7%, y en 2017 el 12.2%.
La Organización No Gubernamental Front Line Defenders en su más reciente publicación sobre crímenes perpetrados contra líderes sociales en todo el mundo, señala que en el año 2022 se cometieron un total de 401 homicidios de los cuales Colombia encabeza el vergonzoso primer puesto con 186 casos que representan el 46.5% de todos los asesinatos registrados en todo el mundo.
Las cosas no parecen cambiar mucho, sobre todo de acuerdo a los registros suministrados por Indepaz Corpades y el portal de noticias Análisis Urbano, que muestran se han reconocido 185 homicidios de líderes y lideresas sociales en el país, de los cuales cerca del 19 % corresponden al departamento de Cauca, seguido por el 12 % de Antioquia, el 9 % de Nariño, y otro 9 % fue registrado en el Departamento del Valle del Cauca.
A ellos se suman el 6 % en el departamento de Córdoba, el 4 % tanto en Arauca como en Putumayo, y un 4 % en cada uno de los departamentos de Bolívar y Huila.
Se trata de cifras sumamente preocupantes, ya que indican que en tan solo 10 departamentos se concentra el 70 % de los casos de homicidio de personas defensoras de los derechos humanos.
De este modo, resulta evidente que la violencia política en Colombia continúa siendo un problema serio y urgente que requiere la atención inmediata y coordinada de todas las instituciones y organismos internacionales implicados.
Las razones por las que las personas defensoras de los Derechos Humanos están siendo asesinadas en Colombia son diversas y complejas. Algunas de las principales razones incluyen:
- El amplio control de zonas del país en manos de grupos armados ilegales y su disputa por el control de recursos naturales y territorios. En Colombia, existen intereses económicos y políticos relacionados con actividades como la explotación minera, la producción de cultivos ilícitos y la explotación de tierras. Los defensores de derechos humanos que se oponen a estas actividades a menudo son amenazados y asesinados por los grupos armados ilegales involucrados en ellas.
- Otra es la violencia asociada al conflicto armado, debido a que Colombia ha vivido décadas de conflicto armado entre grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y el Estado. Los defensores de Derechos Humanos que trabajan en zonas afectadas.
- En tercer lugar, la impunidad y la falta de protección eficaz. La impunidad sigue siendo una realidad en el país que empodera a los victimarios a continuar asesinando. Muchos líderes y activistas no están siendo protegidos por parte de las autoridades, lo que los deja vulnerables ante amenazas y ataques.
En cuarto lugar, los defensores/as de derechos humanos a menudo son estigmatizados y criminalizados por su labor. Son acusados de ser colaboradores de grupos armados o de promover intereses políticos que van en contra de ciertos sectores. Esta estigmatización y criminalización aumenta el riesgo de ser blancos de violencia y no existe mecanismos efectivos para reducir este flagelo.
El principal factor de riesgo radica en la ineficacia de los Planes de Prevención y de Protección en casos de violencia política contra personas defensoras de los derechos humanos porque estos planes deberían implementar las principales herramientas del Estado para evitar estos crímenes.
Los Planes de Prevención deben identificar los factores de riesgo que pueden llevar a la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos y deben implementar medidas para reducir cualquiera de estos riesgos.
Ahora, los Planes de Protección, por su parte, deben brindar medidas de seguridad individual y colectiva a las personas que se encuentran en riesgo.
Sin embargo, en muchos casos, los Planes de Prevención y de Protección son ineficaces porque no se implementan adecuadamente, porque no funcionan o por el desmonte de las garantías a la labor de las personas que defienden los derechos humanos. Esto puede deberse a varios elementos, como la no destinación de recursos a dichos planes, la falta de coordinación entre las instituciones del Estado y la falta de voluntad política.
La falta de recursos es un problema importante, ya que los Planes de Prevención y de Protección requieren recursos humanos y materiales para ser implementados adecuadamente, pero el Gobierno del actual Presidente, Gustavo Petro no ha implementado de manera eficaz y las cifras demuestran una cadena de errores que están desangrando el movimiento social.
De la misma manera, la falta de coordinación entre las instituciones del Estado también es un problema, ya que estas instituciones deben trabajar juntas para implementar los planes de manera efectiva, pero es claro que en el país el trabajo armónico de las funciones del Ministerio Público y entes competentes es cada vez más un desastre que cobra cada día más vidas.
Finalmente, la falta de voluntad política puede ser un factor clave en la ineficacia de los planes, ya que las instituciones del Estado pueden no priorizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, pero no han sido claras las propuestas y apuestas del Gobierno Petro para proteger a los constructores de la paz y los derechos humanos en el país.
La ineficacia de los Planes de Prevención y de Protección tiene consecuencias graves. En primer lugar, contribuye a la violencia contra las personas defensoras de los Derechos Humanos, ya que envía el mensaje de que el Estado no está comprometido con su protección. En segundo lugar, dificulta la reparación a las víctimas y sus familias, ya que la impunidad prevalece en estos casos.
No puede pasar desapercibido el rol de las instituciones del Estado colombiano, en particular la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes tienen una responsabilidad directa por acción u omisión en los homicidios de líderes sociales que ocurren en el país dado que no realizan un control exhaustivo o el cumplimiento de las funciones constitucionales dejando el paso libre el accionar criminal.
Esa falta de control del Ministerio Público genera aspectos que van desde la permisividad, la omisión y La impunidad como factores que contribuyen a la violencia directa contra los líderes/as sociales, ya que envía el mensaje de que los asesinos pueden actuar con impunidad.
En particular, la Fiscalía General de la Nación tiene una responsabilidad especial en los casos de asesinatos de líderes sociales, ya que es la encargada de investigar y judicializar a los responsables de estos crímenes, de las amenazas y atentados que luego son consumados por el fácil control de los ilegales.
Las personas defensoras de Derechos Humanos no pueden seguir siendo meras cifras estadísticas. Es imperativo que el Gobierno Nacional demuestre una verdadera voluntad para proteger a estos valientes individuos.
El exterminio que enfrentan es inaceptable y no tiene precedentes en ningún lugar del mundo.
Se necesita un Estado con la verdadera voluntad para que se coordinen todas las autoridades respondientes y que movilice todas las fuerzas del Estado en pro de la democracia y las garantías para aquellos que desempeñan un papel fundamental en la reconstrucción del tejido social.
A.U.
