Para nadie es un misterio el excesivo formalismo jurídico que predomina en Colombia. En la misma Constitución Política se identifican incluso una serie de normas que, interpretadas en su tenor literal, sin duda alguna nos conducirían hacia un verdadero Estado Social de Derecho, donde sin distinción de ninguna clase, todos gozaríamos de las prerrogativas establecidas en nuestra Carta Magna. Ejemplo de ello es el artículo 13: «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan».
Al respecto, es necesario cuestionarnos, ¿realmente somos iguales ante la ley?, ¿todos los ciudadanos recibimos la misma protección y trato de las autoridades?, ¿el Estado si promueve las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva? Por lo menos, en algunos aspectos, la respuesta definitivamente es NO. La atención en salud, cuya prestación del servicio en cantidad y calidad es directamente proporcional al estatus social y al patrimonio del paciente; el acceso a los servicios públicos domiciliarios y al saneamiento básico, que disminuyen en la medida en que aumenta la distancia de los grandes centros urbanos; la posibilidad de vinculación al sector público, cuyo porcentaje aumenta según la alcurnia y la cercanía con los grandes caciques políticos, son entre muchos otros, ejemplos de las inequidades que soportamos en nuestro país.
Sin embargo, hay un tema más preocupante aún: la salvaguarda de la vida y la integridad de todos los habitantes del territorio nacional. Aquí se destaca la situación de los líderes sociales, comunitarios, campesinos y defensores de derechos humanos, cuya protección no ha recibido de parte del Estado la importancia que amerita. En relación con lo anterior, encontramos el informe más reciente de Somos Defensores, que se presentó a principios de año al Gobierno nacional y a la comunidad internacional, estableciendo que durante el 2016, en promedio, cada cuatro días fue asesinado un defensor de derechos humanos; y en la última década se registraron más de 500 homicidios; igualmente determina que 481 defensores fueron agredidos a través de amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias o desapariciones. En el caso de los atentados, se registraron 49 el año pasado —14 más que en 2015—. Es la cifra más alta desde 2010, a excepción de 2012 cuando el flagelo llegó a 50 casos. Las cifras del informe también dejan ver que los paramilitares, con 276 hechos, seguido de desconocidos, con 162, y Fuerza Pública, con 41, son los presuntos autores de estas agresiones. En dicha clasificación la guerrilla apenas registra dos casos.
Frente al desolador panorama no queda más que preguntarse: frente a la protección de la vida y la integridad, ¿sí somos todos los ciudadanos iguales ante la ley? En 2015, y ante una solicitud que elevara el representante a la Cámara, Alirio Uribe, la UNP respondió que para proteger a 655 servidores públicos y sus familias, el Estado gastaba $93.397.737.548 millones y en contraste, disponía de $27.067.421.226 millones para las 9.762 personas que tienen riesgo, 733 de las cuales eran defensores de DD.HH. es decir que el presupuesto para la protección de los primeros prácticamente cuadriplicaba el presupuesto para la protección de los segundos, situación que a las claras demuestra la falta de equidad en el tema.
Aunado a lo anterior, se hace necesario reseñar que en las dos últimas décadas, los atentados en contra de las figuras públicas prácticamente desaparecieron, salvo contadas excepciones, como el sonado caso del exministro Fernando Londoño, mientras que, como se observa en el informe reseñado, las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, cada día aumentan de manera preocupante y es ahí donde nace el interrogante que da el título a la presente columna: ¿iguales ante la ley? Por lo expuesto hasta ahora, claramente se determina que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en Colombia, no es más que un simple formalismo jurídico, ya que la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos es prácticamente nula, frente a la exorbitante protección de la que gozan algunas figuras públicas en nuestro país, cuyo riesgo se ha reducido considerablemente en los últimos años. Es de aclarar que en ningún momento se pretende desconocer la necesidad de protección de políticos y demás, pero sí se hace necesaria mayor equidad en la distribución del presupuesto que se destina para la seguridad de unos y otros.
Igual que con la seguridad, acontece con las investigaciones que se adelantan como consecuencia de la ocurrencia de algún atentado, ya que si este se realiza en contra de una persona de figuración pública, se ofrecen altas sumas de dinero para quien aporte algún dato que permita el esclarecimiento de los hechos, pero si, por el contrario, el crimen se comete en contra de un líder comunitario o un defensor de derechos humanos, la acción estatal, por lo general, se limita a un comunicado público donde se lamenta el suceso y se expresa que llegaran hasta el fondo de las investigaciones, cosa que nunca sucede, ya que la impunidad en estos casos, supera el 95 %. El llamado, entonces, es a lograr una mayor equidad en cuanto a la protección de líderes y defensores y que la tan cacareada igualdad ante la ley deje de ser un simple formalismo y se materialice en pro de la vida y la integridad de quienes defienden los derechos de las comunidades menos favorecidas.
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