La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió aceptar el sometimiento del exsenador Julio Alberto Manzur, quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado. Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, existe una relación con el conflicto armado en tanto se evidenció la estrecha relación del excongresista con excomandantes paramilitares.
“La sala consideró que ese proceso guarda relación con el conflicto armado, basada en la resolución de acusación proferida por la Corte Suprema, en la cual se estableció que probablemente el excongresista Manzur Abdala asistió a reuniones presididas por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil, situación que puso en evidencia el vínculo de amistad existente entre aquellos”, explicó la JEP.
Además, celebró convenios políticos con miembros de grupos paramilitares para respaldar a un candidato a la gobernación de Córdoba en 2003, así como el nombramiento de otros funcionarios en cargos públicos del departamento. También apoyó la Ley 975 de 2005, “situaciones que para la justicia ordinaria revelaban su interés de tomar parte del proyecto ilícito de las autodefensas y el apoyo decidido que dio al mismo”.
Para la magistratura, con sus alianzas, Manzur aportó a “la consolidación del proyecto político e ideológico de esa organización”. Sin embargo, le pidió al exsenador del partido Conservador que presente unos ajustes puntuales en su aporte programado de verdad con respecto a los hechos por los que no está judicializado, pero que deben ser conocidos por la JEP, para conocer la realidad del conflicto en Córdoba entre 1996 y 2006. Por último, la JEP le solicitó especificar su programa de reparación en el que se comprometió a realizar programas de capacitación y conferencias especializadas.
Cabe mencionar que Manzur fue uno de los primeros salpicados con el cartel de la toga, una supuesta red de corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia que manejaban algunos magistrados y abogados que, a cambio de pagos millonarios, habrían incidido en decisiones judiciales. Al parecer, le habrían pedido a Manzur $2.000 millones para frenar una orden de captura por parapolítica. La JEP no se pronunció sobre este tema.
Tomado de El Espectador
