«Capturan a 23 presuntos miembros del Clan del Golfo» fue el titular con el que El Colombiano del 24 de julio de 2017 presentó como un gran operativo la incautación de cinco motobombas, una retroexcavadora y una planta eléctrica, hecho que está muy lejos de afectar las verdaderas finanzas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuyo centro de operaciones —con rutas, finanzas y zona de entrenamiento— está en Cáceres (corregimientos de Guarumo y Piamonte), Tarazá y Caucasia, municipios en donde el sustento, tras la extinción de la pesca, es la minería, no con batea, sino con retroexcavadoras y motobombas.
Los mineros, más allá de ser auspiciadores, son víctimas de las vacunas y las extorsiones a las que son sometidos por los jefes del Clan del Golfo. Se menciona en la misma nota que fue capturado un sujeto, presuntamente señalado de «ser integrante del grupo criminal», encargado de desarrollar labores como informante y «cobrar las extorsiones en el corregimiento de Puerto Colombia».
Este panorama coincide con la protocolización de contratos de formalización minera por parte de la Gobernación de Antioquia, firmada el 12 de julio y que benefició a 524 mineros de manera directa, con un cálculo cercano a 2.100 beneficiarios indirectos, donde se incluye a sus núcleos familiares.
De acuerdo con la Secretaría de Minas, actualmente hay 10 mesas de trabajo de formalización, en estas se han desarrollado 65 subcontratos: 13 inscritos, 1 en proceso de registro, 4 autorizados, 35 en trámite y 12 aprobados. Por subregión, estos son los subcontratos: Bajo Cauca: 32, Norte: 11, Nordeste: 10, Occidente: 8, Oriente: 2, Suroeste 1 y Valle de Aburrá: 1.
Sin embargo, esto no soluciona en nada la crisis que se presenta en el Bajo Cauca, donde en el primer semestre de este año se realizaron varios operativos que llevaron a la captura de decenas de mineros artesanales en zona rural de Caucasia, como Pueblo Loco, y en Cáceres y Tarazá, en donde la destrucción de maquinaria amarilla dejó un sombrío panorama.
En el Nordeste, en los municipios de Remedios y Segovia, de acuerdo con algunas fuentes, se viven intensas protestas por parte de mineros que las autoridades consideran «ilegales». Se calcula que entre los dos municipios puede haber más de 120.000 mineros, que con su núcleo familiar podría considerarse en más de 200.000 pobladores que no ven una solución viable a la crisis.
¿Cuál es la causa real de la protesta? El proyecto de ley de comercialización del oro que hace tránsito en el Congreso de la República. En el borrador del proyecto de ley se puede leer la modificación a uno de los artículos del Código Penal: «Artículo 338. Exploración o explotación ilícita de minerales. El que sin permiso de autoridad competente explore o explote minerales por medios mecanizados que puedan causar un impacto irreversible a los recursos naturales o el medio ambiente, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes». [Ver Proyecto de Ley]
Así, todos los mineros que actualmente realizan minería artesanal, utilizando equipos o herramientas mecanizadas, serán criminalizados de ser aprobada y sancionada dicha ley.
De acuerdo con el presidente de la Mesa Minera del Nordeste, Eliober Castañeda Quintero, el paro minero no será levantado hasta que el gobierno no haga presencia en los dos municipios y proponga una salida a la crisis. Esto sucede tres meses después de la reunión del gobernador Luis Pérez con los mineros, quienes presentaron una propuesta a la multinacional Gran Colombia Gold, esperando una respuesta sobre ceder de sus predios un contrato de formalización, el cual radicaron el 22 de mayo. [Ver nota Gobernación]
Esto coincide con el Proyecto de Ordenanza presentado por el gobernador Luis Pérez ante la Asamblea, que busca prohibir el uso de mercurio y cianuro, penalizando a quien los use. De manera autoritaria, Pérez Gutiérrez ha dicho que «el mercurio desaparecerá a las buenas o a las malas». Mientras tanto la crisis se acentúa.
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