La JEP tiene 152 nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Foto: presentación del informe «Ni descuidos, ni manzanas podridas: ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado».
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Se siguen conociendo evidencias de ejecuciones extrajudiciales – o falsos positivos- cometidas en Colombia. En esta oportunidad los 152 casos corresponden al departamento de Antioquia, región que fue bastante afectada por el conflicto armado en los 90 y la primera década de los 2000, y donde inocentes tuvieron que pagar las consecuencias de la guerra.

Las ONG Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Jurídica Libertad y Humanidad Vigente tienen registro de 152 casos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el departamento antioqueño en el periodo entre 2002 y 2008. El informe que reúne estos casos, y que ya está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se titula «Ni descuidos, ni manzanas podridas: ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, una política de Estado».

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La violencia de la época que describe el informe se enmarcó en la confrontación en los territorios entre las ya desmovilizadas Farc, el ELN y la Fuerza Pública colombiana. Las condiciones para que las ejecuciones extrajudiciales sucedieran, de acuerdo con las ONG, corresponden a la época de implementación de la política de «seguridad democrática», con la que el gobierno de Álvaro Uribe redobló los ataques hacia las estructuras criminales.

La entrega de este informe a la JEP tiene como objetivo, según las ONG, aportar en el proceso de construcción de verdad sobre lo ocurrido. Se describe que las investigaciones por algunas de estas ejecuciones extrajudiciales han sido llevadas por la Fiscalía de forma aislada, cuando se trató de un patrón sistemático.

Asimismo, el informe contiene las solicitudes de medidas de reparación integrales, medidas que fueron solicitadas por los mismos familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

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Responsabilidades

Recordemos que las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas «falsos positivos», corresponden a casos en los que miembros de la Fuerza Pública asesinaron a civiles o a miembros de grupos armados que ya se habían rendido, y los reportaron como bajas de combate para reclamar incentivos como bonos económicos o ascensos.

Según se ha conocido, estos casos no correspondieron solo a pequeñas unidades militares dentro del Ejército, sino que comandantes de alto rango también tuvieron conocimiento y responsabilidad en los hechos.

Los presuntos responsables de estos 152 nuevos casos de ejecuciones son miembros de las Brigadas IV y XIV, en aquel momento adscritas a la Primera y Séptima división del Ejército Nacional. El principal alto mando involucrado sería el coronel retirado Juan Carlos Barrera Jurado, quien tuvo influencia militar en las zonas del oriente, nordeste y Magdalena medio en Antioquia.

En particular, se sabe que por lo menos 81 ejecuciones extrajudiciales ocurrieron mientras Barrera Jurado fue comandante de la Séptima División del Ejército, desde el cargo de jefe de operaciones.

Luego, cuando Barrera llegó a ser comandante de la Brigada XIV, hay registro de por lo menos 47 ejecuciones extrajudiciales más. Ya en la búsqueda de los autores materiales, la comisión de estos asesinatos correspondería a unidades tácticas de la Brigada XIV del Ejército.

Otros altos mandos militares que pueden estar implicados en estos casos son Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Mario Montoya Uribe.

La JEP recibió el informe con pruebas que corroborarían toda esta información, y a partir de estas deberá determinar las responsabilidades.

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Los civiles también podían ser el «enemigo interno»

Según la investigación de las ONG, las ejecuciones extrajudiciales corresponden a graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario que fueron premeditadas.

Se describe que los homicidios no fueron hechos aislados u ocurrentes, sino que antes contaron con una fase de planeación, otra de ejecución y otra de encubrimiento de los hechos.

Fueron los mismos militares los encargados de estas tres fases, aprovechando el concepto de «enemigo interno» que se manejó dentro de las Fuerzas Armadas colombianas en esta época. Dentro de este «enemigo interno» podría estar cualquiera: desde las facciones criminales que el Ejército perseguía hasta civiles que terminaron siendo víctimas aun siendo inocentes.

 

 

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