La política de «abrazos, no balazos» hace mella en Colombia: vicepresidenta reclama más cooperación

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(La Agencia de Prensa Análisis Urbano publica este trabajo con la autorización de la revista mexicana Proceso)

Por Rafael Croda

La cooperación bilateral entre México y Colombia para combatir el narcotráfico –que se intensificó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña– está «en su más bajo nivel». Así lo plantea a Proceso la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez.

Ante el aumento de las actividades de los cárteles mexicanos en Colombia –intervienen incluso en la primera fase del negocio: la siembra de la hoja de coca–, el gobierno de ese país ha solicitado al de López Obrador intensificar el intercambio de información y la cooperación antidrogas. Pero ello no ocurre y la cooperación se encuentra “en su más bajo nivel”, declara a Proceso la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez. De hecho, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano han estado al margen de las capturas en ese país de narcos enviados por los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

Colombia, México, 22 junio de 2022.- La cooperación bilateral entre México y Colombia para combatir el narcotráfico –que se intensificó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña– está “en su más bajo nivel” y esto propicia una presencia cada vez mayor de los cárteles mexicanos de la droga en territorio colombiano.

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Así lo plantea a Proceso la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien advierte que a pesar de los llamados que ha hecho su país a los militarizados organismos de seguridad mexicanos para intensificar la cooperación y el intercambio de información antidrogas, esto no ocurre.

“Nosotros –dice Ramírez– esperaríamos que esa actividad cada vez mayor de los cárteles mexicanos en Colombia, de la cual tenemos evidencias, se traduzca en una mayor cooperación. Y, lamentablemente, no ha sido así.”

Ramírez asegura que su relación con el canciller de México, Marcelo Ebrard, es “muy buena” y hay un diálogo político fluido, pero eso no ha generado acciones concretas de los militares mexicanos para llevar a otro nivel la colaboración y ubicarla a la altura de la amenaza que representan los cárteles mexicanos para los dos países.

Los cárteles mexicanos, señala Ramírez, tienen alianzas estrechas con grupos criminales colombianos que los abastecen de cocaína, y ha crecido su presencia en este país a través de delegados que organizan los envíos de la droga por el Pacífico, en lanchas, y vía aérea, desde la vecina Venezuela, por lo que se requiere un trabajo más articulado entre los gobiernos. 

–¿No hay cooperación de México? –se le pregunta a la vicepresidenta.

–Sí hay –responde–, pero es bajita.

Y, por “bajita”, la vicepresidenta y canciller colombiana se refiere a que existen los canales institucionales de comunicación entre las Fuerzas Militares de los dos países, la policía colombiana y la Guardia Nacional de México, pero la información es inercial y no fluye como ocurría, por ejemplo, en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012-2018).

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Ramírez no se aventura a señalar si la falta de respuesta de las autoridades mexicanas es producto de los desencuentros diplomáticos entre México y Colombia por varios temas de la agenda regional, o si se debe a la política antidrogas de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador. 

Lo importante, dice, es que haya un “mayor esfuerzo conjunto”.

La caída de la cooperación antinarcóticos por parte de México es un tema conocido en los círculos militares y policiacos colombianos, en los que se comenta que “hay una falta de voluntad política” de López Obrador.

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El general retirado Jairo Delgado, quien fue director de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, afirma que la colaboración que hoy existe por parte de México es producto de “la inercia” de otros tiempos en los que “hubo una cooperación muchísimo más estrecha, más cercana, que permitía actuar oportunamente frente al narcotráfico, y hoy eso no se da”.


De las declaraciones a los hechos

En febrero pasado el canciller Ebrard visitó Bogotá y firmó con Ramírez un “Memorando de Entendimiento para el Establecimiento del Grupo de Alto Nivel en Seguridad” cuyo propósito es institucionalizar la cooperación para prevenir, mitigar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

El documento establece la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico, que ya venía decreciendo desde 2019, primer año de gobierno de López Obrador, cuando el presidente mexicano creó la militarizada Guardia Nacional, que absorbió a la Policía Federal (civil), y puso en marcha su política de “abrazos, no balazos”.

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Ramírez señala que, a pesar de las buenas intenciones y del diálogo con Ebrard, la cooperación de México en la lucha contra el narcotráfico no se ha materializado en los niveles que Colombia esperaba, dada el aumento de la actividad de los cárteles mexicanos en este país, que ya tienen incidencia hasta en la primera fase del negocio de la cocaína: la siembra de la hoja de coca.

En los hechos, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional mexicanas han estado al margen de los golpes que ha dado la policía de Colombia a los cárteles mexicanos en este país con la captura de algunos de sus enviados.

En abril pasado, por ejemplo, fue detenido en la suroccidental ciudad de Cali el mexicano Brian Donaciano Holguín Verdugo, alias “El Pitt”, un operador de confianza del jefe de la facción histórica del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

La policía colombiana se encargó de dejar en claro que en esa operación no participaron organismos de seguridad mexicanos a pesar de que “El Pitt” viajó a Colombia desde México. Fue la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) la que le siguió el rastro desde allá y alertó a Colombia.

“Tenemos un desafío común y es muy importante aumentar la intensidad de la cooperación porque sentimos que aquí ha habido mucho menos dinamismo en ese sentido”, señala la vicepresidenta colombiana.

Bilateralismo en picada

México, país de paso de la droga hacia el enorme mercado estadunidense, y Colombia, principal productor de cocaína en el mundo, son las dos naciones latinoamericanas más golpeadas por el narcotráfico y las que más alto costo han pagado en el combate a ese fenómeno, con miles de muertos cada año.

La cooperación bilateral antidrogas se incrementó en forma notable desde que Felipe Calderón declaró, en 2007, la guerra a los carteles de la droga. Esa decisión, según ha documentado este semanario, fue influida por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, quien había declarado la guerra a la guerrilla de las FARC y había logrado diezmar a ese grupo armado.

Para el senador colombiano Iván Cepeda, con Calderón comenzó “un proceso de exportación de la política de seguridad de Uribe a México y de la llamada guerra contra las drogas que ha tenido en Colombia su laboratorio”.

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Colombia capacitó a miles de policías mexicanos en áreas como inteligencia, investigación judicial y tácticas de comando, y el intercambio de información antidrogas entre los dos países fluyó como nunca antes.

Uribe y Calderón tenían enormes coincidencias políticas. Eran conservadores, críticos del “castrochavismo”, partidarios de la mano dura contra el crimen.

En el gobierno de Peña se mantuvo ese nivel de cooperación bilateral e incluso un ex director de la policía colombiana, el general Oscar Naranjo, fue asesor de seguridad del mandatario priista.

Al inicio del sexenio de López Obrador, las agregadurías de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de la desaparecida Policía Federal en la Embajada de México en Bogotá fueron suprimidas y reemplazadas por una agregaduría de la Secretaría de Seguridad que cubre Colombia y la zona andina. La medida es parte del llamado “austericidio”.

Sobre la caída de la cooperación antidrogas desde la llegada de López Obrador, el ministro de Defensa, Diego Molano, señala que por la gravedad del fenómeno se requiere hacer “un esfuerzo adicional excepcional” entre los dos países para hacerle frente, pero ello no ha ocurrido.

“Mantenemos una relación (con las fuerzas de seguridad mexicanas), sin embargo, la actividad de lucha contra el narcotráfico se ha mantenido igual, no se ha incrementado en los meses recientes”, asegura.

Dice que enviados de los carteles mexicanos llegan a la costa pacífica colombiana a negociar las drogas con grupos como las disidencias de las FARC y el ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional) y, en el Urabá (región del noroccidente colombiano), lo hacen con el Clan del Golfo.

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La vicepresidenta sostiene que el gobierno de Colombia, las fuerzas militares, la policía y el ministerio de Defensa “siempre tienen la disposición de incrementar al máximo la cooperación (con México) porque sabemos que es una amenaza común la acción de los cárteles mexicanos y colombianos”.

Las declaraciones de Ramírez coinciden con un estudio del Congreso estadounidense divulgado la semana anterior y el cual señala que “en 2022, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México es la más débil de los últimos 15 años”.
México y Colombia tienen un buen diálogo político, pero hay enormes diferencias en temas como Venezuela –país con el cual Colombia no tiene relaciones, mientras que México aboga por la no intervención–, o la Organización de Estados Americanos (OEA), que para el gobierno colombiano es necesaria y para México debe desaparecer.

El presidente colombiano Iván Duque forma parte del bloque derechista latinoamericano, mientras que López Obrador lideró al eje progresista que pidió a Estados Unidos, sin éxito, incluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas celebrada hace dos semanas en Los Ángeles.


Los beneficiados


El general retirado de la Policía Nacional, Jairo Delgado, dice que la caída de la colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico “afecta gravemente” el combate al delito porque “se lesionan” aspectos estratégicos, como el intercambio de información y el apoyo mutuo operacional.

Esto, dice, “acaba beneficiado a los narcotraficantes porque ellos se liberan de la presión de las autoridades y pueden avanzar con mayores posibilidades de éxito en sus propósitos criminales”.

Al general Delgado le parece que la política de seguridad de López Obrador, “con todo respeto, lo que hace es quitarle el agua al pez narco, pero sin perseguir al pez”, lo que ha mantenido los indicadores de violencia en México, como los homicidios dolosos, a tasas muy altas.

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El ex oficial de inteligencia considera que la política de seguridad del gobierno mexicano “ha llevado a un segundo y a un tercer plano todos los aspectos de cooperación que no concuerden” con esa estrategia.

Lo que hoy tenemos, dice el especialista en geopolítica y relaciones internacionales, “es una inercia política y diplomática” en la cooperación antinarcóticos entre México y Colombia.
En general recuerda que la colaboración binacional era amplia e incluía acuerdos de capacitación, intercambio de información, reuniones bilaterales y operativos conjuntos, lo que “se cayó y se derrumbó, aunque no se ha terminado, pero digamos que está en un refrigerador a muy baja temperatura porque el presidente López Obrador la metió ahí”.
Dice que aspectos operativos de seguimiento de narcotraficantes entre los dos países, o intercambio de información de inteligencia sobre rutas y envíos de droga “prácticamente se suspendieron y están en un punto muerto”.

Y en esto también ha influido el hecho de que los gobiernos de López Obrador y Duque, quien culmina su mandato en agosto próximo, están muy distanciados política e ideológicamente y también en sus estrategias antidrogas, uno hablando de “abrazos, no balazos”, y el otro proclamando mano dura contra cabecillas y estructuras del narcotráfico.
“Obviamente, esa visión política divergente afecta el nivel de cooperación porque dificulta encontrar puntos comunes”, señala el general.

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 19 para elegir entre el izquierdista Gustavo Petro y el empresario populista Rodolfo Hernández a su próximo presidente. Varios analistas coinciden en que, cualquiera de los dos que gane, tendría más afinidades políticas con López Obrador de las que tiene el derechista Iván Duque


PROCESO
RC

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